1ª Edición, Mayo 2017
Editorial TIRANT LO BLANCH
SINOPSIS
La presente monografía tiene por objeto el estudio de la confi guración legal del derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales tras la reforma operada en nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.
Tras ofrecer un breve panorama de los derechos procesales reconocidos a los sospechosos o acusados y proceder posteriormente al examen de la Directiva, se aborda el análisis detenido de la normativa reguladora del derecho a interpretación y a traducción en la LECrim -los nuevos arts. 123 a 127-.
La obra se centra finalmente, de forma especial, en la previsión legislativa que posibilita que la interpretación se lleve a cabo por medio de videoconferencia, y las consecuencias que ello conlleva en relación con el derecho de defensa del sospechoso o acusado. Las conclusiones a las que se llega son, desgraciadamente, poco alentadoras: además de las importantes limitaciones a que se encuentran sometidos los derechos a interpretación y traducción, lo que lleva inevitablemente a una reducción de su ámbito de protección, la reforma legislativa, de nuevo -a coste cero-, articula en nuestro sistema unos derechos cuyo ejercicio real en la práctica no va a resultar nada fácil.
ÍNDICE
Capítulo 1. Panorama general de los derechos procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales
Capítulo 2. La directiva 2010/64/UE del parlamento europeo y del consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
Capítulo 3. La ley orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, para transponer la directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales
Capítulo 4. La videoconferencia y otros medios de telecomunicación