El proceso de transposición del nuevo paquete legislativo europeo sobre contratación pública en España, obliga a reflexionar sobre el modelo de control de los contratos públicos para validar, en su caso, las soluciones adoptadas o, por contar, proponer alternativas de revisión.
El correcto funcionamiento de la contratación pública con objetivos de política pública como vectores de su concreto diseño exige la existencia de mecanismos de control efectivos y rápidos por autoridades independientes ya sean judiciales, o mediante «arbitrajes administrativos» independientes y con estatus de juez (así lo exige la Directiva «recursos»). De esta manera se puede avanzar en un modelo que preserve el principio de integridad.
Y la experiencia del modelo español a través del recurso especial ante los tribunales administrativos en estos cinco años de actividad, ha supuesto un notable avance.
Su doctrina ha generado un importante cuerpo legal interpretativo (se da cuenta de las principales líneas) y su funcionamiento, claramente independiente, permite un eficaz control administrativo.
