El presente borrador, con vocación normativa, pretende regular las actuaciones de la policía judicial en el proceso penal con la finalidad de dotar de seguridad jurídica, tanto
a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la seguridad del Estado que asuman dicha función, como a los ciudadanos que hayan de relacionarse con la justicia penal.
Y es que si algo caracteriza a este sector de nuestro ordenamiento es precisamente su anomía legislativa, fundamentalmente debida a la asunción, en la práctica forense, de nuevas funciones de la policía judicial, con respecto a las cuales el Poder Legislativo no ha sabido darles una adecuada y rápida respuesta normativa.
Escrita por un grupo de autores de la Universidad, Judicatura, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este «Capítulo VII.- De la Policía Judicial» se estructura en dos partes:
PARTE I. INSTRUCCIÓN A CARGO DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN
Esta parte se divide en dos:
a) Texto articulado Se trata de un ejercicio de regulación normativa de todas aquellas actuaciones de una Policía Judicial que llevan esperando desde finales del siglo XIX
basadas en el esquema acusatorio actual en el que la instrucción corre a cargo de la Autoridad Judicial.
b) Un desarrollo doctrinal efectuado por cada uno de los autores del articulado en el que se justifica cada una de las medidas propuestas en el texto articulado.
PARTE II. INSTRUCCIÓN A CARGO DEL MINISTERIO FISCAL
A pesar de que en el momento actual las actuaciones instructorias se residencian en el Juez de Instrucción, la realidad legislativa y política dirigen esta responsabilidad en un futuro hacia el Ministerio Fiscal, cuestión que no es desdeñable para este proyecto que aspira a servir de orientación y/o guía para la futura redacción de este capítulo en la futura Ley Procesal Penal.
