La responsabilidad penal de un sujeto declarado culpable por una sentencia judicial se fundamenta en su intervención, como autor o partícipe. en un delito. Sin embargo, la concreción de su exacta cuantía en la condena, necesita algo más. Es obligado recurrir a circunstancias anteriores, coetáneas o posteriores a la perpetración del hecho criminal. Son las denominadas circunstancias atenuantes o agravantes modificativas de la responsabilidad criminal.
La concurrencia de las mismas obligará al juzgador a imponer una pena más leve o más grave atendiendo al número y a la entidad de las mismas. Pero la aparición de alguna o algunas de estas circunstancias en el delito no siempre significa que tengan que ser consideradas para concretar la sanción al condenado. Con independencia de los requisitos propios del ensañamiento, del móvil racista, de la grave adicción o del arrebato u obcecación, o de cualquier otra agravante o atenuante, existen una serie de reglas y principios que posibilitan o niegan su relevancia en el hecho yen la consecuencia jurídica aplicable. Aunque en ese hecho concurra abuso de confianza, ello no incrementará la pena del delito de apropiación indebida porque es inherente al mismo. El sujeto que acepta dinero para vender la droga y así poder pagar sus propias dosis, no verá endurecida su condena por la agravante de precio puesto que, en la misma acción, esta es incompatible con la atenuante de grave adicción.
La resolución de problemas como los que se acaban de apuntar, y muchos otros, requieren de un marco teórico orientado por la prácticajurisprudencial. Es por ello que la presente obra trata de combinar estos dos aspectos fundamentales. Por un lado, pretende apuntar las cuestiones de aplicaCión más relevantes que se presentan ante los jueces y tribunales en materia de circunstancias del delito. Por otro lado, quiere ofrecer un conjunto de fórmulas jurídicas que otorguen soluciones convincentes en los planos legal y político criminal.
La presente monografía, en definitiva, elabora un modelo teórico diseñado exclusivamente para dar respuestas, coherentes y justificadas, a los distintos operadores jurídicos (acusación, defensa, juzgador) sobre los puntos más controvertidos de la consideración práctica de atenuantes y agravantes.
