1ª Edición, 2016.
Editorial Dykinson
SINOPSIS
El derecho a la vivienda aparece recogido en la Constitución Española. Pero es su función social la que dota de importancia singular a la posibilidad o no de gozar de una vivienda puesto que, su ausencia, constituye una importante limitación para la satisfacción de otros derechos.
A lo largo del siglo XXI hemos asistido a una transformación radical del concepto de vivienda. Ha pasado de ser considerada un derecho a poco más que un bien de inversión en un contexto de crisis económica y social sin precedentes en la historia de nuestro país. Las consecuencias de la implosión de este cambio en torno a la vivienda han sido un sobredimensionamiento de la vivienda en propiedad frente a la vivienda de alquiler, una demanda creciente de vivienda protegida y un aumento del stock de viviendas vacías que contraviene la función social de la misma.
Esta crisis, además, ha supuesto un agravamiento del acceso a la vivienda de una parte significativa de la población que ha visto dificultado su derecho a la misma por no poder atender las obligaciones de una hipoteca en un contexto de desempleo, pérdida de salario y recortes en políticas públicas motivados por la austeridad. Todo ello ha conllevado un cambio en las dinámicas de compra-venta y alquiler de inmuebles y ha supuesto un desafío para la política social en esta materia, que no es capaz de garantizar la consecución de este derecho fundamental y atender las necesidades sociales que de él se derivan. Añadamos a ello el acuciante deterioro tanto físico como social de las promociones de viviendas sociales que dificultan la integración y profundizan en la estigmatización social de la población más vulnerable, la elevada morosidad en las viviendas públicas de alquiler y la repercusión de los procedimientos monitorios de desahucio que evidencian la necesidad de una reconceptualización en el modelo de gestión del parque público de viviendas.
El presente libro asume el reto de trazar las bases de este nuevo modelo de gestión de viviendas sociales partiendo de los resultados de un análisis en profundidad realizado en Andalucía involucrando cuatro áreas: contexto sociodemográfico, gestión e intervención pública, aspectos arquitectónicos y urbanísticos y la incidencia de los mismos en el riesgo social.
