Tras varias décadas desde que se aprobara la Constitución de 1978, los problemas financieros de las Comunidades Autónomas no han tenido una solución satisfactoria.
Es cierto que la crisis económica es un factor muy negativo para la financiación de los Entes públicos pues se reduce la recaudación tributaria y se hace necesario un mayor gasto social, con la finalidad de atender las necesidades que la propia crisis plantea. Estos dos hechos negativos, menos ingresos y más gasto, no explican suficientemente la insatisfacción existente.
Existen razones estructurales como la búsqueda de un sistema tributario definitivo. Del mismo modo, es necesario que la distribución de los recursos que aporte el Estado, y que complemente los obtenidos del sistema, se distribuya con arreglo a criterios que tengan una aceptación razonable. Esta obra hace una reflexión general partiendo de la Constitución y teniendo en cuenta los aspectos normativos más importantes producidos con posterioridad a la misma.
