Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, entró en vigor el 11 de diciembre de 2011, sustituyendo a la Ley de Procedimiento Laboral de 1995. Mantiene la misma estructura que su antecesora, formada por 305 artículos, tres disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete finales. Los capítulos se distribuyen en cuatro libros: parte general, proceso ordinario y otras modalidades procesales, medios de impugnación y ejecución de resoluciones judiciales.
La principal novedad es la ampliación de las materias cuyo conocimiento se atribuye a la jurisdicción social. Entre otros objetivos que nos brinda la disposición, nos ofrece una mayor y mejor protección a los trabajadores y a los beneficiarios de la Seguridad Social, proporciona mayor seguridad jurídica al mercado laboral, dota a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias y moderniza la justicia. Esta Ley presenta, en definitiva, una respuesta más eficaz y ágil a los litigios que se puedan suscitar en las relaciones de trabajo y seguridad social, y ofrece un tratamiento unitario a la diversidad de elementos incluidos en el ámbito laboral para una mejor protección de los derechos.
La edición se ha cerrado a septiembre 2015, teniendo en cuenta las últimas modificaciones establecidas por la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley núm. 1/2014 de 28 de febrero, de protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
