Que la información es un activo privilegiado en las sociedades postindustriales es una verdad no sólo sobradamente conocida, sino repetidamente contrastada. Pero este aserto tiene implicaciones decisivas cuando el patrimonio informativo ha sido generado, conservado y usado por parte de las Administraciones Públicas, para la realización de las más diversas actividades que tienen legalmente encomendadas en los modernos Estados democráticos, así como para la prestación o suministro de los más variados servicios.
De modo que si en términos económicos la información es, en general, un valor, en términos jurídicos, el acceso y la utilización de la información generada y conservada por los diferentes entes que integran el sector público tiene implicaciones decisivas, no únicamente desde la vertiente económica, sino asimismo para trascendentes garantías ciudadanas y, en último término, para el correcto y saneado funcionamiento de las instituciones democráticas.
Tomando como premisa los presupuestos precedentes realidad expuesta, el trabajo que se propone para su coordinación y edición abarca el estudio concienzudo de todos aquellos aspectos relacionados con el acceso, uso y reutilización de la información de todo el sector público español, sin perjuicio, claro está, de que para ello en no pocas ocasiones haya de tomarse como referencia normas de fuente europea.
La obra que se propone se articula en dos grandes bloques, una primera parte de aspectos o cuestiones generales y una segunda relativa a las especialidades que la accesibilidad y el uso de la información puedan comportar en específicos y destacados ámbitos sectoriales de la actividad administrativa (medio ambiente, información geográfica, científica y académica y tributaria). Para un análisis detallado del enfoque y objetivos del trabajo, se adjunta un plan de la obra en el que constan los tratamientos e instituciones que van a ser objeto de análisis.
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