1ª edición, Mayo 2014
Tirant lo Blanch
SINOPSIS
En a penas tres meses, el poder legislativo (estatal y andaluz), ejecutivo y judicial se posicionó tratando de ofrecer alternativas legales, judiciales y extrajudiciales (también de lege ferenda) al drama social que vivian miles de familias españolas. Y lo había hecho, de manera vertiginosa. La dramática situación económica y financiera que vivimos, unida a los impulsos judiciales Nacionales y Europeos que se habían producido en la materia habían animado a «levantar el velo» de las bondades y debilidades de nuestro procedimiento de ejecución hipotecaria que apostaba, sin titubeos por el «favor creditoris».
El debate social, político, legislativo y judicial producido al hilo del I Congreso Nacional sobre «Desabucios y ejecuciones hipotecarias: un drama social y un problema legal», celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, los dias 15, 16 Y 17 de mayo de 2013, en el que numerosos profesionales y expertos en la materia debatieron, entre otros temas, la STJUE de 14 de marzo de 2013, la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social (BOE 15-05-2013), las cláusulas abusivas y cláusulas suelo en la contratación de préstamos hipotecarios (al hilo de la célebre STS, Sala 1ª, de 9 de mayo de 2013) y las alternativas legales, judiciales y extrajudiciales, fruto de las aportaciones de ponentes y congresistas, ve la luz en un momento crucial: de un Mercado Único Europeo. Desde Bruselas se nos plantea el reto de acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios irresponsables.
Ahora que los estados miembros, inclnida España, dispondrán, de dos años para trasponer la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial (Aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 28 de febrero de 2014) -con la que se tratará de proteger a los deudores inmersos en un proceso de ejecución hipotecaria, garantizará condiciones más favorables para los prestatarios en casos de pago anticipado, prohibirá la publicidad engañosa y a las entidades crediticias o&ecer productos vinculados a las hipotecas -apostando por una adecuada información-, contemplará, también, la dación en pago en aquellos casos en los que el deudor no pueda hacer frente al pago de sus cuotas hipotecarias-, es un buen momento para asumir este reto de la sociedad y continuar con la, necesaria, reflexión acerca de cómo dar respuesta a este drama social y al problema legal vivido por miles de familias.
