La reforma del 2012 del despido colectivo y de las medidas de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada, ha supuesto un giro radical respecto a la regulación anterior, transformándola en algo muy diverso a lo que era y conocían los expertos en ella.
La más importante de ellas, la Autoridad Laboral ha dejado de ser el órgano decisorio de los expedientes de regulación de empleo para pasar a desempeñar en el despido colectivo un papel de asesoramiento y control, este último incluso sin facultades suspensivas. Pero este cambio no es el único: flexibilización y ampliación de las causas motivadoras de las medidas de regulación de empleo, restricción de los motivos del control judicial, intentando obviar el enjuiciamiento de la razonabilidad de la medida decidida por el empresario.
Los objetivos son claros y reconocidos expresamente por el legislador en las Exposiciones de Motivos de las normas que han configurado el nuevo marco regulatorio: agilizar, simplificar el procedimiento, restringir el control posterior, eliminando el de la Autoridad Laboral, circunscribiendo en lo posible el judicial, abaratar el coste de los despidos colectivos a través de la facilitación de la medida, intentando indirectamente que la indemnización se adecue lo más posible a la legalmente prevista.
Sin embargo, reducir los cambios a lo señalado anteriormente, es obviar otra serie de modificaciones de calado: la elevación del periodo de consultas a la posición de centro de gravedad del nuevo procedimiento de regulación de empleo, sacralizando material y formalmente la negociación, la exigencia de nuevas medidas sociales de acompañamiento que sustituyen a las anteriores, entre las que destaca el plan de recolocación externa, posicionado el interés del legislador en el mantenimiento del empleo, la exigencia de un importantísimo bagaje documental que incluye una serie de informes técnicos -financieros, relativos al resto causas, de auxilio en la recolocación por las empresas especializados, etc.- que junto al casi insoslayable apoyo jurídico externo, determina la externalización de gran parte del proceso para la empresa, incrementando la onerosidad del mismo.
Todos estos aspectos, juntos con otros muchos de gran importancia para la comprensión de la regulación actual -criterios de designación, la prioridad de permanencia, el informe de la Inspección de Trabajo, el despido colectivo en las Administraciones Públicas, las medidas de regulación de empleo en las situaciones de concurso, el control judicial de tales medidas- son analizados de forma rigurosa y extensa en esta obra, acompañando la cita y aplicación al caso de las Sentencias más relevantes y de la doctrina en sus más diversas opiniones.
Todo ello con el fin de que el lector obtenga la respuesta más satisfactoria a sus dudas.
Y es que la reforma, a pesar de las intenciones del legislador, ofrece numerosos interrogantes, junto a múltiples posibilidades interpretativas que en gran parte le serán solventadas al lector a través de la guía que le ofrece esta obra, siempre desde un punto de vista práctico y claro, acorde con la experiencia del autor en el ámbito de las relaciones laborales y recursos humanos, ya como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, Director de Recursos Humanos o docente.
Experiencia que le permite conjugar los diferentes aspectos y perspectivas que requiere el experto jurídico, pero también el representante sindical y empresarial, o sencillamente aquellas personas que por primera vez se introducen en el hermético mundo de las medidas de despido colectivo de larga tradición en nuestro país, proporcionándoles una visión global y completa de una de las cuestiones más apasionantes del Derecho Social actual.
