1ª Edición, Febrero 2013
ARANZADI Thomson Reuters
SINOPSIS
La presente obra realiza un análisis de una de las posiciones en las que puede encontrarse el sujeto sometido al proceso penal, y que constituye el punto de partida para el despliegue del haz de derechos y facultades que corresponden a ese sujeto convertido en parte. Una condición, la de imputado, explotada en los últimos tiempos por los medios de comunicación, y cuya vistosidad contrasta con el carácter secreto que nuestra actual legislación exige para la fase de instrucción.
En la obra se realiza, en primer lugar, una descripción de las razones que provocaron el nacimiento de esta institución en nuestro actual proceso penal, a saber: la traslación a la fase de instrucción de los principios de contradicción e igualdad, y la aparición de nuevos procesos en los que no existía imputación formal. En segundo lugar, se realiza un análisis minucioso, en constante apoyo de doctrina y jurisprudencia, de la regulación de la imputación en los distintos procedimientos. De este análisis cabe destacar la necesidad de que la previa imputación (art. 118 Lecrim) se traslade al imputado en una comparecencia judicial en la que se informe de los hechos que se le atribuyen y a partir de la cual, adquiera el status de imputado. Y de otro lado, hay que destacar las discrepancias jurisprudenciales que aún hoy siguen produciéndose en relación con la imputación formal en el Procedimiento Abreviado (art. 779.1.4º Lecrim), su articulación con las causas que determinarán la apertura del juicio oral, y las consecuencias que de ello se derivan en punto al sistema de recursos.
Tras el análisis anterior, se realiza, una construcción general de la categoría procesal del imputado, definiendo las características de esa posición y los efectos vinculados a la misma (en esencia, el derecho de defensa). Se enfatiza en la exigencia de que dicha condición dependa siempre de un examen jurisdiccional – y no de la mera atribución de responsabilidad penal que pueda efectuar otro sujeto en denuncia, en querella, en su declaración como testigo o como imputado-, así como los presupuestos de los que depende la atribución de esa condición, se diferencia esta posición de imputado de la de otros posibles estadios previos a la misma (sospechoso o investigado por la Policía o el Fiscal), y los límites que esta posición pre-procesal encuentra. Finalmente, se analizan los actos que pueden determinar la atribución de la condición de imputado (admisión de denuncia o querella, adopción de medidas cautelares). No falta además la doctrina constitucional sobre el momento en el que dicha condición debe ser comunicada al sujeto respectivo, y las posibles soluciones y sanciones aplicables ante un retraso indebido en la comunicación de la imputación.
La obra constituye pues un referente imprescindible en el proceso penal. Desde el punto de vista científico, se sientan las bases para la delimitación de esta categoría jurídica con otras que pueden darse en el proceso penal (sospechoso, acusado, testigo), desde el punto de vista práctico y del profesional, se contiene en ella el análisis de las diferentes interpretaciones jurisprudenciales y la adecuación o no de las mismas en atención a la actual regulación.
