La inviolabilidad del domicilio no es sólo un derecho que la Constitución declaracomo fundamental en su art. 18.2, con todas las consecuencias que ello comporta, sino que, a su vez, tiene una incidencia directa en otras ramas de nuestro ordenamiento jurídico. Así, la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece toda una serie de criterios de legitimación en la entrada y registro de domicilio ajeno, provocando su inobservancia la declaración de nulidad de las pruebas así obtenidas por violentar un derecho fundamental. Asimismo, el Código Penal tutela eficazmente este derecho constitucional, a través del delito de allanamiento de morada, sancionando las invasiones no deseadas que turban la quietud del domicilio, tanto de los particulares cuanto de los agentes de la fuerza pública.
La presente obra, presidida por una metodología multidisciplinar, aborda diversos aspectos de los problemas que presenta la protección domiciliaria, analizando las aportaciones ofrecidas por la doctrina científica en la interpretación de las normas que regulan este derecho fundamental, así como de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de la Sala 2ª del Tribunal Supremo y de la doctrina vertida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.