La presente obra ofrece el primer estudio monográfico profundo del régimen jurídico del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, creado por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre. Esta norma evidencia el interés social que, en los últimos lustros, ha despertado la protección patrimonial de las personas con discapacidad, lo que en buena medida es consecuencia del incremento del número de personas afectadas por algún tipo de aquélla.

A través de la referida Ley, el legislador español, deseando cumplir el mandato recogido en el artículo 49 de la Constitución, ha creado algunos instrumentos jurídicos especialmente idóneos para allegar recursos económicos que puedan garantizar el sostenimiento de quienes padecen algún tipo de descapacidad, pues no debe olvidarse que estas personas normalmente requieren cuidados especiales, y suelen presentar mayores dificultades que cualquier otro individuo en lo que se refiere a la satisfacción de sus propias necesidades.

Uno de esos instrumentos jurídicos ha sido «el patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad» (así lo denomina la propia Ley), que instaura un sistema de gestión productiva de los recursos económicos que puedan integrarlo. Una prueba de su importancia es que la referida Ley le dedica sus ocho primeros artículos, sobre los que la autora ha elaborado esta obra.