La intervención de las telecomunicaciones es una diligencia fundamental en la investigación criminal que sigue estando deficientemente regulada. Recientemente, diversas normas administrativas han tratado de suplir esta insuficiencia legal. Tampoco la jurisprudencia resuelve de forma suficiente ni uniforme los graves problemas que plantea la interceptación de las nuevas formas de comunicación.
Este trabajo realiza un estudio sistemático y actualizado de la intervención de las telecomunicaciones. Como novedad, se analiza el «procedimiento integrado de interceptación (SITEL)» mecanismo que permite interceptar cualquier tipo de comunicación electrónica. Asimismo, se abordan aspectos de gran actualidad como la inviolabilidad de las comunicaciones con el Abogado defensor, o la extensión y límites del deber de conservación de datos impuesto a las operadoras que presten servicios de comunicaciones electrónicas.
El tratamiento de todas estas cuestiones se efectúa buscando el imprescindible equilibrio entre el respeto a los derechos individuales y garantías procesales, y la necesaria incorporación de las nuevas tecnologías en la persecución y enjuiciamiento de los delitos.