La reciente publicación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, hace necesaria la actualización de una de las partes de mayor trascendencia en el derecho pocesal, es decir, la relativa a la ejecutoria penal. En este fase se define y ejecuta lo ordenado por el juez y en la que ahora va a tener un papel preponderante la figura del secretario judicial, con la nueva configuración del modelo de la oficina judicial. Se realiza en esta obra un detallado análisis sobre las medidas aternativas a la prisión en nuestro Código Penal, incidiendo en las modificaciones que han sido introducidas por la citada Ley Orgánica 5/2010, desde una perspectiva práctica que permite a los dos autores, pertenecientes a la carrera judicial y al orden penal, analizar el trabajo de un órgano judicial del orden penal que debe asumir diariamente la función de hacer ejecutar una sentencia.
Es precisamente ello lo que les permite enfocar la obra desde un punto de vista eminentemente práctico, lo que recibirá de buen grado el lector profesional del derecho, a fin de poder resolver la problemática que se suele presentar en la ejecutoria penal. El estudio de la obra se concreta en un detallado análisis de las medidas alternativas a la prisión que se contemplan en el Código Penal, desde la perspectiva práctica de sus autores, en virtud de su condición de magistrados pertenecientes a un órgano judicial del orden penal que debe asumir diariamente la función de hacer ejecutar las sentencias dictadas por los órganos judiciales. Tanto la suspensión de la ejecución de la pena como la sustitución presentan enormes dificultades en ocasiones, por no disponer de sistemas que garanticen el cumplimiento de las reales medidas complementarias a la suspensión; por ejemplo, en materia de programas formativos o de reeducación. Así, en muchas ocasiones se plasman en los textos penales acertadas medidas que luego se demuestran inoperantes en la práctica por la falta de mecanismos de desarrollo que permitan la exacta y correcta ejecución de lo acordado por el juez penal. En este sentido, es preciso trabajar en disposiciones o medidas de desarrollo que permitan la correcta ejecución en virtud de protocolos de actuación coordinada entre las distintas Administraciones. Además, se completa la obra con un repertorio de jurisprudencia sistemática por preceptos, actualizada a las últimas resoluciones dictadas en materia de medidas alternativas a la prisión, que asciende a ochenta autos y sentencias que resuelven los problemas que se suscitan en la parte teórico-práctica del manual, y una relación de veinticuatro formularios aplicables a lo que constituye el objeto del estudio.
