Protección Constitucional de la Salud

La salud se perfila como uno de los bienes jurídicos que goza de mayor tutela en nuestro Derecho positivo. El binomio entre Derecho y salud da lugar a la aparición de una nueva rama del ordenamiento jurídico, el Derecho sanitario, a la vez que propicia apasionadas controversias sobre la tutela y el ejercicio de algunos de los derechos de la persona más significativos, como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal o la libertad de conciencia. El estrecho vínculo que existe entre estos derechos fundamentales y la salud obliga a reinterpretar la Constitución en busca de una solución, lo más satisfactoria posible, a la polémica sobre la naturaleza jurídica del denominado «derecho a la protección de la salud», que ha sido considerado tradicionalmente como un «simple» derecho social, aun cuando su estructura compleja encierra, en realidad, una libertad individual (el derecho a la salud) y un derecho prestacional (el derecho a la asistencia sanitaria).
El ejercicio de estos derechos precisa, en mayor o menor grado, de la existencia de una estructura u organización que asegure su ejercicio. En este sentido, corresponde al Sistema Nacional de Salud velar por el desarrollo efectivo del «derecho a la asistencia sanitaria». Dicho Sistema se configura como una «institución garantizada constitucionalmente», cuyos rasgos esenciales (universidad, descentralización e integridad) no pueden ser vulnerados por el legislador. Estos rasgos son un límite constitucional -similar al impuesto por el respeto al «contenido esencial» de los derechos fundamentales- que adquiere relevancia, sobre todo en tiempos de crisis económica, frente a quienes pretenden desmantelar la infraestructura del Estado de Bienestar, ignorando la fuerza jurídico-vinculante de la cláusula del Estado social.
Aunque esta obra ha sido realizada desde la perspectiva del Derecho Constitucional, utilizando las categorias propias de esta disciplina, no se limita a un mero análisis de la Norma Fundamental, sino que desciende hasta los últimos peldaños del desarrollo normativo, estudiando el modo en que esta materia ha sido regulada por la legislación estatal y autonómica.