1ª edición, diciembre 2009
La Ley, Wolters Kluwer
Idioma: Español
Formato: Libro
Rústica
Entrega en MANO EN 24 H.
SIN GASTOS DE ENVÍO.
A pesar de su enorme implantación práctica y de que, en el seno de las sociedades, desempeña funciones similares a las que se encomiendan a los consejeros ejecutivos, la figura del Director General de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada no ha merecido hasta el momento un tratamiento normativo específico. Apenas aprece nombrada en textos dispersos de variada índole y muy escuetamente regulada en alguna de sus facetas.
A diferencia de la de otros países, la doctrina no ha prestado una especial atención a este temario y en la jurisprudencia no hay ni mucho una orientación clara sobre los aspectos principales de su disciplina. Esta particular situación está provocando grandes dosis de inseguridad jurídica no sólo de quien desempeña el cargo, sino también de la sociedad en la que se integra y, sobre todo, de los terceros que puedan resultar afectados por la actuación del Director General.
La presente obra aborda el estudio del régimen jurídico del Director General de las sociedades anónimas y de responsabilidad limitada con la pretensión de individualizar los aspectos más significativos de su estatuto, considerando muy especialmente su integración en el entorno societario. Su relativa atipicidad legal, en definitiva, no va acompañada de una correlativa atipicidad social, ni de una ausencia de rasgos definitorios en el orden conceptual que, a su vez, impidan dotar a esta figura de un determinado régimen jurídico en el punto a determinar su estatuto, diferenciarlo del de los administradores y resolver con cierta garantía de seguridad las cuestiones que se suscitan alrededor de ella.
El trabajo es, por tanto y primero, un estudio de estricto Derecho positivo que pretende un análisis pormenorizado del temario aludido, a la luz de la jurisprudencia y de la doctrina de la Dirección General de los Registros y el Notariado. Ahora bien, las deficiencias señaladas anteriormente han obligado a acudir también a los ordenamientos comparados, a su legislación, a su doctrina y jurisprudencia, para buscar soluciones que nuestros textos legales no prevén, pero sí permiten en la mayoría de las ocasiones.
