El tema de los convenios de doble imposición y el Derecho Comunitario es, por muchas razones, uno de los más complejos del Derecho Financiero y Tributario Comunitario. El que el artículo 293 del Tratado de la Comunidad Europea establezca que «los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar a favor de su nacionales: la supresión de la doble imposición dentro de la comunidad», acentúa incluso la importancia de este libro, ya que nos encontramos con una norma que parece atribuir competencia en esta materia a los Estados miembros, en perjuicio de las instituciones comunitarias.
No es éste el lugar adecuado para examinar esta cuestión en profundidad. Desde la perspectiva de la doble imposición, única que aquí interesa, ha de señalarse que ese precepto carece, a nuestro juicio, de auténtica relevancia jurídica y su regulación no puede considerarse que legitime, así lo ha explicado el profesor Herrera Molina en más de una ocasión, la doble imposición con quebranto de otros preceptos del Tratado y en particular de las libertades comunitarias. No en vano la propia Comunidad dispone de competencias implícitas para eliminar la doble imposición en cuanto sea necesario para la construcción del mercado interior respetando siempre los límites que derivan del principio de subsidiariedad. Así lo vemos, por citar un ejemplo, en la misma Directiva 2003/49/CE, de 3 de junio de 2003, que establece un sistema común de imposición aplicable a los pagos de intereses y cánones entre «sociedades asociadas», o sus establecimientos permanentes de Estados miembros distintos.
