La inflación como delito
El autor se concentra en las causas de la inflación, recordando que «lo que se infla es el dinero, no los precios», de modo que la habitual explicación de la inflación como el «incremento de los precios» encierra un error que ha costado muy caro.
En los primeros capítulos desarrolla el concepto y origen del dinero, de los precios, de la inflación y sus causas, para concluir que, en sistemas de papel moneda de curso forzoso emitidos por el Estado, el único responsable de la inflación es el gobierno, que al disponer el incremento injustificado en la cantidad de dinero circulante, deprecia su valor adquisitivo y distorsiona los precios relativos.
Tras la explicación económica, ensaya la explicación jurídica sobre la responsabilidad del gobierno por sus actos, y concretamente los motivos por los cuáles los funcionarios intervinientes deberían ser responsables por la emisión excesiva. Tal exceso debería estar previsto en el Código Penal como delito, específicamente como una forma de falsificación o adulteración de dinero. Concluye con una propuesta concreta del nuevo tipo penal, así como otras normas que establezcan con claridad el límite a la facultad de emisión -para resguardar el principio de legalidad—, así como medidas complementarias, como la garantía de la libre circulación y competencia de monedas extranjeras, y la prohibición al Banco Central de financiar el déficit operativo del Estado con sus reservas o emisión monetaria.
El autor se hace cargo de la discusión sobre si esta es la verdadera solución al problema monetario, o si ello solo se solucionaría quitando definitivamente al Estado la facultad de regular el dinero y permitiendo que actúe el mercado. Si bien Rojas comparte este último criterio, admite que habrá que transitar un difícil y largo camino hasta que el Estado resigne ese poder, y mientras tanto, todas las formas de control —como las propuestas en este libro— serán de vital utilidad.
