La transformación digital está suponiendo un verdadero reto para los juristas, los cuales se enfrentan a una realidad cada vez más digital, globalizada y automatizada, necesitada de la cobertura legal suficiente que la dote de las mismas garantías jurídicas que la realidad cotidiana. En concreto, la aparición de la tecnología Blockchain y el desarrollo de la Inteligencia Artificial o de los Smart Contracts, han dado el impulso definitivo a la automatización, y han puesto sobre la mesa retos adicionales, por ejemplo, en el ámbito de la protección de datos personales. Sin duda, las Administraciones públicas afrontan un reto todavía mayor. Por un lado, por la necesidad de aprovechar el desarrollo tecnológico que impera, para que la Administración pública gane en eficiencia, y simplifique, agilice y automatice gran parte de sus procedimientos. Y, por otro lado, por el esfuerzo extraordinario que supone la adaptación a las nuevas tecnologías respetando los principios generales que rigen el Derecho Administrativo, en especial aquellos relativos a la actuación de las Administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos.
La automatización vía tecnología, es decir, la posibilidad de que podamos asignar a un programa informático gobernado por un algoritmo la ejecución de una tarea, sin intervención de empleado público alguno, por referirse al ámbito de las Administraciones públicas, obliga a analizar con especial cuidado múltiples elementos característicos del Derecho Administrativo, tales como la discrecionalidad, la responsabilidad patrimonial o los conceptos de órgano administrativo y acto administrativo.
En esta monografía, se analizan en profundidad todas estas cuestiones.
PRÓLOGO
ABREVIATURAS
PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I. EL DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL
1. ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN: PRIMERAS APROXIMACIONES.
2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL, EVOLUCIÓN JURÍDICA Y PRINCIPALES TEORÍAS
3. CRÍTICAS A LA TEORÍA DE UN DERECHO GLOBAL
4. ALTERNATIVAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ACTUAL
CAPÍTULO II. LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1. CONCEPTO, ORÍGENES Y DELIMITACIÓN JURÍDICA
2. EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN, TANTO SECTORIAL COMO GENERAL
3. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A INTEROPERABILIDAD Y ARMONIZACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3.1. El derecho, y la obligación, a relacionarse con la Administración pública por medios electrónicos ante la falta de disposición de medios por parte de muchas Administraciones públicas menores e independientes
3.2. El derecho a no aportar documentos obrantes en la Administración pública ante la falta de interconexión entre Administraciones públicas
3.3. El derecho a elegir libremente el canal de comunicación con la Administración pública ante la falta de armonización de los sistemas empleados por cada una de ellas y la incompatibilidad de unos sistemas con otros
3.4. El derecho a la simplificación administrativa, a su eficacia, eficiencia y consecución del interés general, ante la duplicidad de sistemas, trámites y multiplicidad de trámites y pasos intermedios
4. PRIMERA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE «ACTUACIÓN AUTOMATIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA»
CAPÍTULO III. EL CONCEPTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL: DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA A TRANSFORMACIÓN DIGITAL
2. EVOLUCIÓN CONCEPTUAL EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES NACIONALES E INTERNACIONALES
3. LA CONSOLIDACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS
3.1. La transformación digital en la estructura de la Administración pública
3.2. La transformación digital en las actuales políticas públicas
CAPÍTULO IV. LA TECNOLOGÍA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS. «BLOCKCHAIN»
1. ÁMBITO CONCEPTUAL, ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS Y OPERATIVA DE FUNCIONAMIENTO
1.1. De la tecnología de registros distribuidos a «blockchain». Aproximación terminológica y referencia al contexto tecnológico
1.2. Aplicación de la tecnología «blockchain» al ámbito público
2. «BLOCKCHAIN» Y DERECHO. LA REGULACIÓN DE «BLOCKCHAIN»
2.1. Marco normativo europeo
2.2. Encuadre normativo general en el Ordenamiento jurídico español
3. ÁMBITOS JURÍDICOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS O COMPATIBLES CON «BLOCKCHAIN»
3.1. La actividad administrativa automatizada
3.2. El desarrollo de la identidad digital
3.3. El propio avance producido en la regulación de la Administración electrónica
4. PREVISIBLE EVOLUCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA «BLOCKCHAIN»
CAPÍTULO V. EXAMEN SOBRE LA APLICACIÓN DE «BLOCKCHAIN» Y DE LA TECNOLOGÍA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS A DETERMINADOS ÁMBITOS Y SECTORES
1. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA: CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
1.1. La Contratación del Sector Público
1.2. Procedimientos en materia de ayudas y subvenciones públicas
2. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CIUDADANOS ANTE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
3. EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE DISTINTO ÁMBITO COMPETENCIAL, TERRITORIAL Y MATERIAL, EN UN MISMO ENTORNO DIGITAL. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
4. OTROS SECTORES O ÁMBITOS
4.1. El sector financiero y tributario. Las criptomonedas
4.2. El sector energético
CAPÍTULO VI. LA HABILITACIÓN LEGAL DE LA TECNOLOGÍA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS Y DE LA TECNOLOGÍA «BLOCKCHAIN» EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
1. ASPECTOS DIFERENCIABLES Y ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA TECNOLOGÍA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS Y DE LA TECNOLOGÍA «BLOCKCHAIN»
1.1. Registro descentralizado de información y datos
1.2. Medios exclusivamente electrónicos para todos los usuarios
1.3. Ámbito nacional, europeo o internacional
1.4. Identificación y registro de usuarios
1.5. Cesión de datos
1.6. Intercambio de datos y consulta automática
1.7. Automatización de procesos y acciones autoejecutables: algoritmos tomadores de decisiones sin intervención de personas
1.8. Confianza de terceros como mecanismo de validación de actuaciones
1.9. Protocolo de consenso o norma de gobernanza
1.10. Errores técnicos y posibilidad de reclamar. La posible existencia de responsabilidad patrimonial
CAPÍTULO VII. LA REGULACIÓN DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1. PRIMERAS APROXIMACIONES JURÍDICAS
2. NUEVAS OPORTUNIDADES LEGISLATIVAS
CAPÍTULO VIII. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y LOS DERECHOS DIGITALES
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
2. NORMATIVA REGULADORA: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL
3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA COMPATIBILIDAD DE LA NORMATIVA VIGENTE CON LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE REGISTROS DISTRIBUIDOS
3.1. Automatización de procesos en el ámbito público
3.2. Control de los propios datos frente a ingobernabilidad de la cadena de bloques
3.3. Inmutabilidad del dato y de la información frente a derecho al olvido
3.4. Sistema descentralizado o distribuido frente a identificación clara y centralizada de responsables, encargados e interesados, por cada registro
3.5. Consulta reiterada de datos e información frente a autorización por un solo uso y/o finalidad
3.6. Anonimización y cifrado del dato
3.7. Actuación administrativa automatizada en el caso de «contratos inteligentes» autoejecutables e irrevocables, ejecutados en la cadena
CAPÍTULO IX. BIG DATA, OPEN DATA Y CLOUD COMPUTING
1. CONSIDERACIONES PREVIAS
2. BIG DATA Y OPEN DATA
3. CLOUD COMPUTING
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
GLOSARIO TERMINOLÓGICO
DOCUMENTACIÓN Y OTROS RECURSOS
LEGISLACIÓN
JURISPRUDENCIA
Pablo García-Valdecasas Rodríguez de Rivera
Doctor en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense de Madrid.
Funcionario del Estado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Técnico de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad jurídica), donde tomó parte en la gestión del Fondo Social Europeo, y dirigió el Área de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas.
En la Comunidad de Madrid, Director de la Unidad de Autónomos, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda —2015 a 2019—, siendo nombrado posteriormente Subdirector General de Transformación Digital de la Consejería de Presidencia —2019 a 2020—.
Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia, hasta julio 2021, que asume la Dirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
