La notificación de los actos administrativos es requisito para que puedan originar efectos. Sin embargo los actos que reconocen derechos concretos puede ser exigido su cumplimento sin necesidad de la previa notificación. Por otra parte la falta de notificación no autoriza a la Administración sin más a dejar sin efecto el acto. La notificación del acto administrativo o la falta de la misma producen una serie de consecuencias de gran importancia en relación con la prescripción, caducidad, plazo para impugnarlos, etc. Cuestiones todas ellas analizadas en esta obra. Por otra parte, el sistema de notificación de los actos administrativos tiene una regulación legal aceptable.
No obstante, la práctica de la misma ha planteado demasiados problemas que en ocasiones son de difícil previsión e incluso adecuada regulación legal. Algunos de esos problemas han tenido debida respuesta por los órganos judiciales y la doctrina, permitiendo tener un criterio adecuado a la finalidad de la notificación o bien disponer de un criterio unificador. Esta problemática se ha detectado fundamentalmente en la practica de la notificación personal, que si bien ha exigido a la Administración esfuerzo en el cumplimiento de los trámites para evitar la notificación edictal, el administrado, no en pocas ocasiones, se ha esmerado en poner trabas para evitar que la misma se lleve a cabo, lo que ha exigido equilibrar las dos posiciones enfrentadas. El presente trabajo, en relación con los temas que trata, pone a disposición del lector los criterios judiciales y doctrinales, así como la opinión del autor en relación a cuestiones no definidas debidamente ni por la normativa ni por la jurisprudencia. Con tal finalidad se hace referencia de las resoluciones judiciales de mayor relevancia y de una doctrina científica básica con el fin de hacer un trabajo eminentemente práctico, que es el propósito de la Colección que se inicia con este libro.
