La monografía titulada “La protección de testigos en el proceso penal” consiste en un estudio sistemático de las medidas que cabe adoptar en nuestro Ordenamiento para la tutela de los que han de intervenir como testigos en una causa criminal. Estas medidas se contienen principalmente en la específica Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, que dispone un conjunto de medidas tuitivas para el testigo, algunas de las cuales -como el testimonio anónimo y el testimonio oculto- con clara repercusión en las posibilidades defensivas del encausado.
En este sentido, por un lado, se analizan con detalle el alcance del anonimato del testigo conforme a nuestras normas y su compatibilidad con el derecho de defensa, a la luz de la jurisprudencia propia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por otro lado, se expone cómo lograr que el testigo declare sin ser visto con normalidad por el acusado, de forma respetuosa con las garantías de este último, examinando, a su vez, la validez de las declaraciones realizadas en su ausencia, o a distancia, a través de medios técnicos. Junto a este tipo de medidas, nuestra Ley recoge otras que no influyen en los derechos procesales de las partes y que, con marcado carácter policial, se orientan a la seguridad de los testigos y sus allegados, también con vistas a cuando finalice el proceso.
Entre estas últimas y para casos excepcionales, se encuentran el cambio de identidad y de domicilio o lugar de trabajo del testigo, que suelen formar parte de los programas de protección de testigos, en los Estados que cuentan con ellos, en esta obra también se estudian las referidas medidas extraordinarias, así como las características fundamentales de los programas de protección, de cara a una reforma y ampliación de nuestras normas. Tras exponer las diferentes medidas protectoras y los problemas que plantean, se describe el tratamiento procesal para su adopción o alzamiento, y lo relativo a la valoración probatoria de las declaraciones de las personas sujetas a las mismas. Por último, se incide en la especial exigencia de tutela que presentan los menores de edad cuando actúan como testigos, valorando qué medidas les son aplicables y cómo puede hacerse menos gravosa su colaboración con la Justicia. El libro termina con una serie de conclusiones y propuestas sobre la materia.
La monografía titulada «La protección de testigos en el proceso penal» consiste en un estudio sistemático de las medidas que cabe adoptar en nuestro Ordenamiento para la tutela de los que han de intervenir como testigos en una causa criminal. Estas medidas se contienen principalmente en la específica Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, que dispone un conjunto de medidas tuitivas para el testigo, algunas de las cuales -como el testimonio anónimo y el testimonio oculto- con clara repercusión en las posibilidades defensivas del encausado.
En este sentido, por un lado, se analizan con detalle el alcance del anonimato del testigo conforme a nuestras normas y su compatibilidad con el derecho de defensa, a la luz de la jurisprudencia propia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por otro lado, se expone cómo lograr que el testigo declare sin ser visto con normalidad por el acusado, de forma respetuosa con las garantías de este último, examinando, a su vez, la validez de las declaraciones realizadas en su ausencia, o a distancia, a través de medios técnicos. Junto a este tipo de medidas, nuestra Ley recoge otras que no influyen en los derechos procesales de las partes y que, con marcado carácter policial, se orientan a la seguridad de los testigos y sus allegados, también con vistas a cuando finalice el proceso.
Entre estas últimas y para casos excepcionales, se encuentran el cambio de identidad y de domicilio o lugar de trabajo del testigo, que suelen formar parte de los programas de protección de testigos, en los Estados que cuentan con ellos, en esta obra también se estudian las referidas medidas extraordinarias, así como las características fundamentales de los programas de protección, de cara a una reforma y ampliación de nuestras normas. Tras exponer las diferentes medidas protectoras y los problemas que plantean, se describe el tratamiento procesal para su adopción o alzamiento, y lo relativo a la valoración probatoria de las declaraciones de las personas sujetas a las mismas. Por último, se incide en la especial exigencia de tutela que presentan los menores de edad cuando actúan como testigos, valorando qué medidas les son aplicables y cómo puede hacerse menos gravosa su colaboración con la Justicia. El libro termina con una serie de conclusiones y propuestas sobre la materia.
