Los estudios sobre el Estado Social se suceden en los campos del Derecho Público y de la Economía, principalmente. El transcurso de treinta años desde la aprobación de la Constitución Española no ha hecho que se consideren suficientemente debatidos todos los aspectos y situaciones propias de esta figura política. Antes al contrario, la invocación del Estado Social es frecuente en la mayor parte de los ordenamientos occidentales buscando apoyo a nuevas medidas sociales de los poderes públicos o a la ampliación y modificación existentes.
Este trabajo parte de la definición del Estado Social como grupo normativo que busca el establecimiento o ampliación de políticas sociales destinadas a la realización del principio de igualdad de los ciudadanos. Esta consideración normativa permite una fijación más estable de las medidas incorporadas al ordenamiento, un análisis más fácil de su evolución y una comparación más sencilla y útil de la evolución histórica y de los avances interterritoriales tanto en los distintos Estados como en los territorios propios de planteamientos de descentralización política dentro de cada uno de ellos.
La consideración del Estado Social como grupo normativo permite incluir y analizar como tal diversas medidas que son realizadas por los propios ciudadanos o por entidades de economía social y respecto a las cuales los entes públicos o Administraciones actúan como oferentes desde el ordenamiento, quedando la realización a cargo de los ciudadanos mismos.
Este trabajo del Profesor Calvo Ortega destaca la importancia de la participación asociativa en el desarrollo del Estado Social. Igualmente, su significado en la reducción de la discrecionalidad que tienen los poderes públicos en el cumplimiento de los mandatos del constituyente en este campo y de la cual es un buen ejemplo el Capítulo III, Título I de la Constitución, sobre los principios rectores de la política social y económica.
El autor es Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Académico de Jurisprudencia y Legislación y Presidente de la Fundación Iberoamericana de la Economía Social.
