Esta ley establece un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica. Define el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, desarrolla la coordinación general de la Administración General del Estado en esta materia y crea un esquema para el desarrollo profesional del personal investigador.
Entre el conjunto de medidas, destacan las relativas al desarrollo profesional del personal investigador: mayor movilidad de los investigadores entre el sector público de I+D y empresas, la creación de contratos laborales específicos y la asunción de la evaluación del desempeño a los efectos de carrera profesional en los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado.
De igual manera, se contemplan reformas orientadas a impulsar la contribución del sector privado, incentivando el patrocinio y el mecenazgo y la inversión del sector privado en ciencia, tecnología e innovación.
