La Iglesia siempre ha necesitado bienes materiales para llevar a cabo la misión que Dios le ha confiado. Desde sus mismos orígenes, ha existido una estrecha trabazón entre esos bienes y los fines a los que se destinaban: las obras de caridad y apostolado, el culto y el sostenimiento de los servidores del Evangelio.
Para asegurar esta íntima vinculación entre misión y bienes, la Iglesia ha establecido diversas formas de control y protección del patrimonio. Uno de los mayores riesgos que pueden sufrir las propiedades eclesiásticas es su enajenación arbitraria. Una protección fundamental es la de aquellos bienes que aseguran la viabilidad económica de la persona jurídica pública. Se trata del patrimonio estable. Es una de las novedades del CIC de 1983 y, quizá por eso, todavía no ha sido estudiado ni aplicado con profundidad.
A través de un estudio histórico (completado con fuentes del Archivo Secreto Vaticano), el autor profundiza en los antecedentes de la figura. La configuración actual y su recepción en la legislación particular ocupan un lugar destacado en este trabajo. Por último, se ofrecen varias aportaciones desde ciencias auxiliares como el Derecho Comparado y la Teoría Financiera.
El patrimonio estable, pese a lo que parece por su aplicación en estos veinticinco años, posee grandes cualidades para facilitar el gobierno de la Iglesia en el ámbito patrimonial. La presente monografía ayuda a descubrir esas virtudes y aporta soluciones para su implantación.
