La cadena de bloques y los smart contracts se hallan hoy en boca de todos y, en nuestra opinión, son muchos los motivos para ello por cuanto constituyen, ciertamente, una tecnología disruptiva y con un extraordinario potencial. Sin embargo, se hace necesario conocer en profundidad sus fundamentos tecnológicos, su verdadero alcance y su posible integración en el mundo jurídico, para lo que es preciso poner los pies en el suelo y aceptar de una vez por todas que, en este asunto, el Derecho y la Informática están condenados a entenderse.
Los smart contracts son «código y nada más que código», no obstante lo cual, la mayoría de ellos son creados con la finalidad de ejecutar automáticamente los acuerdos alcanzados por las partes. Para ello, se requiere una nueva categoría, el contrato legal inteligente, que existirá única y exclusivamente en el instante en que las partes acepten los términos y condiciones previamente acordados.

El contrato legal inteligente se construye sobre la estructura de un smart contract subyacente, pero su alcance va mucho más allá, por lo que es imprescindible el análisis de su formación y de los elementos que imperativamente lo componen. El incumplimiento de los requisitos legales conducirá, inevitablemente, a los smart contracts ante los órganos jurisdiccionales, e irrogará perjuicios absolutamente innecesarios.