El cine es, posiblemente, uno de los sectores de la comunicación más incididos por el Derecho público. La razón de esta intervención se relaciona con el carácter de industria cultural de la cinematografía y con el interés público comprometido en su defensa. Ayudas administrativas a la cinematografía plantea la existencia de un ineludible mandato constitucional que sustenta ese apoyo, tanto en España como en Argentina, profundizando en las herramientas que provee el Derecho público a tal efecto.
La historia de las ayudas al cine en España y Argentina se relaciona con los contextos europeo y americano, pero presenta particularidades dignas de análisis específico. El rico territorio de la coproducción entre ambos países importa tanto como la experiencia que puede recogerse del devenir en la materia en Francia, Reino Unido, Brasil o México.
Desde el dictado de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, los retrocesos se han sucedido, en España y en Argentina. La defensa de la cultura nacional y de la diversidad cultural son obligaciones que no pueden ser desconocidas por ninguno de estos estados.
El estudio multidisciplinario recurre a los conceptos propios del Derecho administrativo tanto como de la gestión cultural y los que tienen que ver con las particularidades del fenómeno cinematográfico y su economía. Con datos concretos y actualizados, la obra propone un acercamiento que indaga en el sustrato jurídico del tema tratado y la normativa vigente, pero no desconoce su componente político. Así, más allá de la investigación sociológica, económica y jurídica, el autor propone medidas concretas (que somete a la discusión) en torno a las políticas públicas relacionadas con el cine.
