La prueba constituye un elemento esencial de la actividad judicial y precisamente en la jurisdicción contencioso-administrativa presenta caracteres especiales que por lo general han sido obviados. A tal efecto el autor examina las cuestiones prácticas de la prueba a partir de sus presupuestos constitucionales, tanto españoles como europeos, de su configuración legal, especialmente a raíz de la implantación en 2009 de la nueva oficina judicial, y de su aplicación cotidiana por los tribunales. El estudio lo aborda un juez contencioso-administrativo que haciendo gala de su experiencia se ocupa de los aspectos más notables de la proposición, de la práctica y de la valoración de la prueba. Por esa razón, los destinatarios naturales de este ensayo son los jueces y los abogados que diariamente deben actuar en el foro y que deseen saber no solo las soluciones interpretativas más razonables de los problemas prácticos que les surjan, sino también su estructuración y su fundamentación jurídica última.
Prueba en el Procedimiento Contencioso-Administrativo
ISBN: 9788429016482
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Peso | 200 g |
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Fecha de Edición | 24/02/2011 |
Plazo de entrega |
24 h |
Número de Edición |
1 |
Idioma |
Español |
Formato |
Libro |
Páginas |
118 |
Lugar de edición |
MADRID |
Encuadernación |
Rústica |
Colección |
DERECHO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO REUS |
Editorial |
EDITORIAL REUS |
EAN |
978-84-290-1648-2 |
Introducción
Primera parte: los presupuestos constitucionales, europeos y comunitarios europeos de la prueba en la jurisdicción contencioso-administrativa
1. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y sus efectos en la jurisdicción contencioso-administrativa: el artículo 24 de la Constitución
a) La concepción ‘constitucional’ de la jurisdicción contencioso-administrativa
b) Los efectos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el proceso contencioso-administrativo: el artículo 24.1 de la Constitución
c) El derecho fundamental a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa y el proceso contencioso-administrativo: artículo 24.2 de la Constitución
2. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisdicción contencioso-administrativa: el artículo 6 CEDH
3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisdicción contencioso-administrativa: los límites de la efectividad y de la equivalencia
Segunda parte: la configuración legal de la actividad probatoria en el proceso contencioso-administrativo
1. La naturaleza proteica de los litigios ventilados ante la jurisdicción contencioso-administrativa
2. Los elementos básicos de la Ley procesal contencioso-administrativa y la reforma de 2009
a) La prueba, el expediente administrativo y las exigencias probatorias de la parte demandante en el contencioso-administrativo
b) La prueba en el procedimiento ordinario y en el procedimiento abreviado: la presentación de documentos, la proposición y la práctica de las pruebas
c) El poder del juez contencioso-administrativo en materia probatoria durante el proceso
d) La reforma de la LJCA en 2009 con motivo de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial
3. Los principios procesales comunes aplicables al proceso contencioso-administrativo y el depósito para recurrir de la reforma de 2009
Tercera parte: problemas específicos de la actividad probatoria en la jurisdicción contencioso-administrativa
1. El factor personal del órgano jurisdiccional en la actividad probatoria contencioso-administrativa
2. Los medios de prueba y algunas particularidades prácticas en el procedimiento contencioso-administrativo
a) El interrogatorio de parte, los funcionarios públicos y el artículo 315 LEC
b) La prueba pericial de parte y judicial: la solicitud y la aportación de los informes
3. La prueba en materia cautelar y en ejecución de sentencias
4. La importancia de la actividad probatoria contencioso-administrativa en apelación y en casación
Conclusión
David Ordóñez Solís
Magistrado, doctor en Derecho y miembro de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial
David Ordóñez Solís es magistrado de lo contencioso-administrativo, doctor en Derecho, licenciado especial en Derecho europeo por la Universidad de Bruselas y miembro del Team Europe desde su creación en 1988 y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial de España. Ha sido asesor jurídico del Principado de Asturias en asuntos europeos, profesor universitario de Derecho europeo y ha desarrollado una importante actividad docente en institutos de postgrado y ha pronunciado conferencias en España, Europa (Alemania, Francia, Bélgica y Portugal) y América (Argentina, República Dominicana, Bolivia, El Salvador y Paraguay).
De sus numerosas publicaciones, incluidos más de cien artículos jurídico-doctrinales, destacan, entre otros, los siguientes libros: La ejecución del Derecho europeo en España (Civitas, Madrid, 1993), Fondos estructurales europeos (Marcial Pons, Madrid, 1997), La contratación pública en la Unión Europea (Aranzadi, Navarra, 2002), Jueces, Derecho y Política (Aranzadi, 2004), Administraciones, ayudas de Estado y fondos europeos (Bosch, Barcelona, 2006), La protección judicial de los derechos fundamentales de solidaridad (Comares, Granada, 2006), El estatuto administrativo de los extranjeros en España en clave judicial (Reus, Madrid, 2008) y El cosmopolitismo judicial en una sociedad (Thomson-Reuters, Navarra, 2008).
Es estrecho colaborador de las más importantes Revistas jurídicas españolas especializadas en Derecho europeo y, en particular, es miembro del Consejo de redacción de la Gaceta Jurídica de la UE y de la Competencia (Wolters-Kluwer, Madrid) y de la Revista Aranzadi Unión Europea (Thomson-Aranzadi, Navarra), así como coordinador de numerosos monográficos de la Revista Noticias de la Unión Europea sobre los fondos europeos (2004), la Constitución europea (2005) o el Tratado de Lisboa (2009).
Ha sido galardonado con varios premios de ensayo jurídico y con becas de investigación de postgrado que se han plasmado en sendos libros: de la Fundación Asturias, en materia sindical europea (1994); del Consejo General del Poder Judicial y del Instituto de la Mujer sobre la igualdad de sexos en la Unión Europea (1999); de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre control financiero de fondos europeos (2000); del Consejo General del Poder Judicial y de la Fundación Wellington, sobre intervenciones públicas y mercado interior europeo (2004); o del Comité Iberoamericano de Ética Judicial, con un estudio titulado: La independencia judicial en clave ética: la confianza de una sociedad democrática en sus jueces (2009).