Memento Ejercicio profesional abogacía 2023
Las principales modificaciones legislativas recogidas son las introducidas por:
– Ley 10/2021, de trabajo a distancia. El objetivo es proporcionar una regulación suficiente, transversal e integrada, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestación de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su carácter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribución incluida la compensación de gastos, la promoción y la formación profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos máximos de trabajo y los tiempos mínimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribución flexible del tiempo de trabajo, así como los aspectos preventivos relacionados básicamente con la fatiga física y mental, el uso de pantallas de visualización de datos y los riesgos de aislamiento.
– Real Decreto-Ley 24/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de:
› bonos garantizados,
› distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva,
› datos abiertos y reutilización de la información del sector público,
› ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión,
› exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros,
› personas consumidoras y
› promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.
– Real Decreto-Ley 27/2021, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. El Real Decreto-ley establece una serie de disposiciones cuya vigencia se extiende más allá de diciembre de 2021, con el fin de proporcionar un marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas en esta fase de la recuperación. Entre éstas, se encuentra la prórroga de determinadas medidas recogidas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (en particular, la moratoria concursal).
– Ley 17/2021, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con vistas a sentar el importante principio de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, principio que ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento. Además, se modifica la Ley Hipotecaria -impidiendo que se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo y prohibiendo el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía- y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención al especial vínculo de afecto que les liga con la familia con la que conviven.
– Real Decreto-Ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. El Real Decreto-ley incluye diferentes reformas para modernizar y mejorar la eficiencia abordando un conjunto de deficiencias estructurales y aportando soluciones a las mismas. Así, se persigue la simplificación de los contratos (generalización del contrato indefinido, causalidad de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación), el establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores en transición, la modernización de la negociación colectiva y la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales.
– Ley 4/2022, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La Ley incluye por primera vez en la normativa estatal de defensa de las personas consumidoras la figura de la persona consumidora vulnerable, que deberá ser objeto de especial atención tanto por parte de autoridades públicas como del sector empresarial en las relaciones de consumo. Más allá de la tradicional alusión a la situación económica de las personas consumidoras a la hora de determinar su situación de vulnerabilidad, se constatan diversas situaciones en las que, agravadas por la actual situación de crisis sanitaria, las circunstancias sociales o personales hacen que se encuentren en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección en sus relaciones de consumo, que generan que los derechos de estas personas consumidoras necesiten una protección reforzada.
– Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. La reforma tiene por objeto eliminar ciertas incertidumbres normativas y obstáculos a que se enfrentan las huérfanas y huérfanos de la violencia de género, al objeto de paliar, al menos en parte, la situación de extrema vulnerabilidad que para ellos resulta de su condición de víctimas de la violencia de género, y así contribuir a que se den las circunstancias para que puedan desarrollar una vida plena, en condiciones de libertad e igualdad.
