Jueces, Abogados y Procuradores en general, todos aquellos colectivos que, de una u otra forma, intervienen profesionalmente en el ámbito de la Administración de Justicia están sometidos a una serie de obligaciones deontológicas, cuya inobservancia es susceptible de ser catalogada como infracción y llevan aparejada la consiguiente sanción.
Por tanto, un Magistrado no habrá de desatender un asunto o actuar con desconsideración hacia otros funcionarios o ciudadanos, un Letrado no podrá vulnerar el secreto profesional o actuar sin la venia del compañero que ejercía la defensa, un Procurador no deberá omitir la comunicación de las notificaciones ni ocultar o falsear la información a sus clientes… Estas y otras conductas, así como las reglas procedimentales para exigir la responsabilidad disciplinaria, se tratan en esta obra mediante la selección de las resoluciones judiciales que mayor interés presentan sobre la cuestión.
