Autonomía personas con discapacidad. Reflexiones en torno a la ley 8/2021
La publicación de este libro «La autonomía de las personas con discapacidad» es muy oportuna y su lectura es imprescindible, por su profundidad y claridad, para conocer el espíritu y finalidad de la reforma legal y, por tanto, para acertar en su correcta interpretación y aplicación.
Esta obra, reflejo de la personalidad del autor, comienza con una breve reflexión histórica, seguida de un enfoque ético del cambio del modelo social de la discapacidad, basado en la dignidad de la persona humana; enfoque histórico y ético que inspira todo el análisis reflexivo que el autor hace sobre las novedades que la reforma introduce en el ordenamiento jurídico.
Estas reflexiones, como digo, son oportunas y necesarias, ya que, tras el cambio legislativo, sigue pendiente el sociológico; a diferencia de lo que habitualmente ocurre con otras normas, en las que la transformación social suele preceder a la normativa. Y, como se demuestra en el devenir histórico, el cambio sociológico es especialmente necesario cuando se avanza en igualdad y, sobre todo, en libertad, pues como dice el autor, referido a las personas con discapacidad, «el crecimiento de la libertad precisa igualmente del reconocimiento de los demás; muy especialmente de quienes, como jueces y notarios, debemos prestar apoyo institucional. Y ocurre también, que unos y otros tenemos miedo a la libertad, especialmente, en lo que atañe a la capacidad jurídica…». Esta necesidad, ahora urgencia, es reconocida expresamente en la Ley 8/2021, como anticipa su exposición de motivos, al afirmar que «la reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida, por ello, a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad social y, especialmente, de la de aquellos profesionales del derecho jueces y magistrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, notarios, registradores que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas».
El autor cuenta asimismo con una reconocida autoridad científica y moral. Por lo que se refiere a la materia que aborda el libro, José Ángel Martínez Sanchiz está comprometido con el mundo de la discapacidad, no en vano es presidente de la Fundación Aequitas, cuyo fin primordial es la mejora del marco normativo que regula la situación jurídica de los menores, personas mayores y personas discapacidad, impulsando las reformas legislativas necesarias. Además, desde 2016 es decano del Colegio Notarial de Madrid y presidente del Consejo General del Notariado, cargos para los que fue reelegido en un segundo mandato. En ambas responsabilidades, entre los objetivos de su programa de gobierno, impulsó a la luz de la Convención de Nueva York la reforma del Código Civil, empeño en el que me consta su gran esfuerzo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo anterior, el autor une el hecho de ser un reconocido y prestigioso jurista teórico y práctico. Es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, pero también cuenta con la autoridad que le otorga la práctica profesional, el día a día de trato directo con las personas, no en vano es notario desde agosto de 1979, actualmente, y desde 1983, de Madrid y, «como ya ha apuntado la doctrina científica, el notario es quien garantiza el cumplimento del art. 12 de la Convención», lo que es congruente con una evidencia: el ejercicio de la capacidad jurídica afecta de lleno a la actividad notarial. Basta recordar que «el notario es el funcionario público autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales» y que ha de garantizar, bajo su fe pública, la voluntad consciente e informada y el consentimiento libremente prestado por los otorgantes. Esta configuración de la función notarial, apoyada en principios como la inmediación o interactuación del notario con cada persona, hoy se reafirma y fortalece en la Ley 8/2021, que confía al notario una mayor presencia y un papel proactivo como apoyo institucional, como institución del Estado útil para «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente» . »
Alfonso Cavallé Cruz (Notario)
