Delito de Corrupción entre Particulares
Delito Corrupción entre Particulares
La regulación de la corrupción en el sector privado ha avanzado en los últimos años. Sin embargo, la tipificación de la corrupción entre particulares en el ordenamiento jurídico español fue tardía. Esto resulta llamativo si se considera que organismos internacionales, como la Comisión Europea, instaron al Estado español a legislar sobre el tema. En especial, la Decisión Marco 2003/586/JAI del Consejo, del 22 de julio de 2003, estableció la necesidad de combatir la corrupción en el ámbito privado.
El retraso en la regulación pudo deberse a varias razones. Una de ellas es el principio de intervención mínima, un pilar fundamental del Derecho Penal. Además, existía la creencia de que los operadores del sector privado son más eficientes en la protección de sus propios intereses. Se asumía que las empresas podrían adoptar medidas internas para prevenir la corrupción. En cambio, en el sector público, la necesidad de protección frente a estos delitos era más evidente.
A pesar de ello, España tenía la obligación de criminalizar ciertas conductas corruptas en el ámbito privado. Otros países europeos ya lo habían hecho, tanto por la Decisión Marco como por compromisos asumidos en otros tratados internacionales.
El Preámbulo de la Ley destaca la importancia de esta transposición normativa. La corrupción en el sector privado afecta no solo a quienes la protagonizan, sino también a muchas otras personas. Por ello, su regulación es clave para garantizar un entorno empresarial más justo y transparente.
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