Tribunales de justicia españoles contra el estado democrático de derecho
El Estado Democrático de Derecho no es una cáscara vacía de contenido como pretenderían las resoluciones judiciales del TSJM, TS y TC, que han expoliado por activa o pasiva un cargo público. No es el Estado Democrático de Derecho, simplemente, un conjunto de reglas formales, de trámites y recursos. La realización del Estado Democrático de Derecho debe garantizar que, además de cumplirse por los Tribunales los trámites previstos en las leyes, las resoluciones judiciales tutelen efectivamente los derechos de los ciudadanos; que apliquen los valores y principios constitucionales; que garanticen especialmente el ejercicio de los derechos fundamentales; que respeten el principio de jerarquía normativa; que tengan en cuenta el Derecho internacional de los derechos fundamentales y la jurisprudencia de sus tribunales, Y cuando no es así, cuando los jueces y tribunales desprecian los valors y principios constitucionales, cuando ignoran la vulneración de los derechos fundamentales, cuando consideran que las disposiciones administrativas están por encima de las leyes, del Derecho internacional y de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, se puede afirmar con rotundidad que los jueces y tribunales están contra el Estado Democrático de Derecho, aunque se hayan cumplido todos los trámites formales establecidos en las leyes.
- INTRODUCCIÓN
- ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA, incluido el Tribunal Constitucional
- Introducción
- La ausencia de calidad y claridad de la legislación
- El rechazo por jueces y tribunales y por los magistrados del Tribunal Constitucional de la globalización normativa y jurisprudencial y el cáncer del reglamentarismo y del nacionalismo jurídico
- La concepción anticuada de los procedimientos judiciales
- La deficiente selección de los jueces y magistrados de los tribunales ordinarios, de los magistrados del Tribunal Constitucional, y de los fiscales, así como la deficiente formación de los abogados
- Justicia para pobres y ciudadanos corrientes y Justicia para ricos y personas influyentes
- El Consejo General del Poder Judicial: la solución convertida en problema
- Las malas prácticas
- Después de todo la esperanza
- EL EXPOLIO DE UN CARGO PÚBLICO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (TSJM), POR EL TRIBUNAL SUPREMO (TS) Y POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC)
- Relato de los hechos
- La vulneración del TSJM, por el TS y por TC de ley, de la Constitución, de los Tratados internacionales y de la jurisprudencia internacional que conducen a la expoliación de un cargo público
2.1 La jora de ruta que debieran haber seguido el TSJM, el TS y TC
2.2 El análisis de las vulneraciones llevadas a cabo
2.3 Los argumentos del demandante X
2.4 Lo que la STSJM dice y no dice
2.5 La Providencia del Tribunal Supremo
3.El recurso de amparo y el cierre del círculo del desamparo
4.Conclusión: Tribunales de Justicia españoles, incluido el TC contra el Estado Democrático de Derecho
PD.
ANEXOS
- Resolución de 30 de junio d e2016, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público para el año 2016 de personal docente e investigador (BOE núm. 161, de 5 de julio)
- Informe de la asesoría jurídica de la UNED sobre la posibilidad de que un profesor con 70 años de edad pueda tomar posesión de una plaza de catedrático (24/8/2016)
- Resolución de 22 de noviembre de 2016, dela Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios (BOE núm. 287, de 28 de noviembre)
- Escrito de alegaciones de Enrique Linde dirigido al rector de la UNED (7/3/2017)
Enrique Linde Paniagua, Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, es Doctor en Derecho por la Universidades de Valencia y Bolonia. Catedrático emérito de Derecho Administrativo de la UNED. Ha sido profesor de Derecho Administrativo de las Universidades de Bilbao y Complutense de Madrid. Entre otras responsabilidades académicas ha desempeñado las de Coordinador del Programa de Doctorado del Departamento de Derecho Administrativo de la UNED, Director del Máster de Derecho de la Unión Europea, Director del Centro de Estudios de Derecho de la Unión Europea de la UNED, Director de la Escuela de Práctica Jurídica de la UNED y Coordinador del Máster Oficial “Intervención de la Administración en la Sociedad”. En la actualidad es director de la Revista de Derecho de la Unión Europea.
Ha desempeñado varias responsabilidades públicas y empresariales, entre otras, Secretario General Técnico (1980) y Subsecretario del Ministerio de Justicia (1981), Secretario General y Secretario del Consejo de Administración del Banco Exterior de España (1983-1986). Asesor del Presidente de la Generalidad Valenciana (1986-1988). Presidente-fundador del Ente Público Radiotelevisión Valenciana (1988-1991) y Subsecretario del Ministerio de Cultura (1993-1996).
