Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley 39/2015, de 1 de octubre

Disposiciones generales
I. Objeto de la ley (art. 1)
II. Ámbito subjetivo de aplicación (art. 2)

Capítulo I. La capacidad de obrar y el concepto de interesado
I. Capacidad de obrar (art. 3)
II. Concepto de interesado (art. 4)
1. La legitimación como presupuesto para intervenir en el procedimiento administrativo
2. Interesados en el procedimiento administrativo
3. Legitimación de las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales
4. Legitimación del derechohabiente
5. Legitimación del denunciante
6. La acción pública y la legitimación
III. Representación (art. 5)
IV. Registros electrónicos de apoderamiento (art. 6)
V. Pluralidad de interesados (art. 7)
VI. Nuevos interesados en el procedimiento (art. 8)
Capítulo II. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo (arts. 9 a 12)

Capítulo I. Normas generales de actuación (art. 13)
I. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
1. El derecho a la utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma
2. Derecho al acceso a la información pública, archivos y registros
3. Derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitar a los obligados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones
4. La exigencia de responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente
II. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14)
III. Lengua del procedimiento (art. 15)
IV. Registros (arts. 16 y 17)
V. Colaboración de las personas (art. 18)
VI. Comparecencia de las personas (art. 19)
VII. Responsabilidad de la tramitación (art. 20)
VIII. Obligación de resolver (art. 21)
1. Introducción
2. Obligación de resolver y silencio administrativo: ¿contradicción o alternativa?
3. La Administración tiene obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación
4. Plazo máximo para resolver
5. Deber de notificar la recepción de solicitudes e inicio del procedimiento y de publicar y actualizar los procedimientos
6. Responsabilidades por incumplimiento del plazo para resolver
A) Responsabilidad disciplinaria
B) Responsabilidad patrimonial
C) Responsabilidad penal
7. Obligación de resolver los procedimientos en materia tributaria
8. Las costas judiciales: ¿debería abonarlas en todo caso la Administración cuando se acude a los Tribunales ante el silencio negativo?
IX. Suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22)
X. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar (art. 23)
XI. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24)
1. Concepto, contenido y naturaleza de acto presunto
2. Silencio positivo-acto presunto estimatorio
3. Silencio negativo: acto presunto desestimatorio o simple ficción legal
4. El certificado del acto presunto
XII. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio (art. 25)
1. Régimen legal
2. Procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas
3. Procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen
XIII. El silencio administrativo en materia tributaria
XIV. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas y validez y eficacia de las copias realizadas por aquellas (arts. 26 y 27)
XV. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo (art. 28)
Capítulo II. Términos y plazos
I. Obligación de términos y plazos (art. 29)
II. Cómputo de los plazos (art. 30)
1. Cómputo del plazo por horas
2. Cómputo de los plazos señalados por días
3. Cómputo de los plazos señalados por meses o años
4. Vencimiento del plazo cuando el último día sea inhábil
5. El cómputo del plazo cuando sea inhábil en el domicilio del interesado y hábil en el del órgano administrativo, y viceversa
III. Cómputo de los plazos en los registros electrónicos (art. 31)
IV. Ampliación de los plazos (art. 32)
V. Tramitación de urgencia (art. 33)

Capítulo I. Requisitos de los actos administrativos
I. Producción y contenido (art. 34)
1. Los actos administrativos han de producirse por el órgano competente y a través del procedimiento establecido
2. El contenido de los actos administrativos y la adecuación a sus fines (la desviación de poder)
II. La motivación (art. 35)
1. Contenido y alcance de la motivación de los actos administrativos
2. Actos administrativos que han de ser motivados
III. Forma de los actos administrativos (art. 36)
Capítulo II. Eficacia de los actos
I. Inderogabilidad singular de las resoluciones administrativas (art. 37)
II. Ejecutividad de los actos administrativos (art. 38)
III. Efectos de los actos administrativos (art. 39)
IV. La notificación de los actos administrativos (art. 40)
1. La notificación: finalidad. Resoluciones y actos que han de ser notificados
A) Finalidad de la notificación
B) Resoluciones y actos que han de ser notificados
2. Plazo en que se ha de cursar la notificación y contenido de la misma
A) Plazo en que se ha de cursar la notificación
B) Contenido de la notificación
3. Efectos de las notificaciones defectuosas
A) Las notificaciones defectuosas y los actos propios
B) Límite temporal de los efectos de las notificaciones defectuosas
C) Las notificaciones defectuosas y el cumplimiento del plazo para resolver y notificar la resolución
D) Notificación a varios interesados: protección de datos
E) Límite temporal de los efectos de las notificaciones defectuosas en relación con el plazo para notificar la resolución
V. Práctica de la notificación de los actos administrativos
1. Condiciones generales para la práctica de las notificaciones (art. 41)
2. Práctica de las notificaciones en papel (art. 42)
3. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos (art. 43)
4. Notificación infructuosa (art. 44)
5. Publicación (art. 45)
6. Indicación de notificaciones y publicaciones (art. 46)
Capítulo III. Nulidad y anulabilidad
I. Diferencia entre nulidad y anulabilidad
II. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (art. 47.1)
1. Introducción
2. Actos nulos de pleno derecho
A) Actos que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
B) Actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
C) Actos que tengan un contenido imposible
D) Actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta
E) Actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados
F) Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición
G) Cualquier otro acto que establezca expresamente una disposición con rango de ley
3. Nulidad de las disposiciones generales (art. 47.2)
III. La anulabilidad de los actos administrativos (art. 48)
IV. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos administrativos (art. 49)
V. Conversión de actos viciados (art. 50)
VI. Conservación de actos de trámite (art. 51)
VII. Convalidación de los actos administrativos (art. 52)

Capítulo I. Garantías del procedimiento
Derechos del interesado en el procedimiento administrativo (art 53)
1. En general
2. En procedimientos sancionadores
Capítulo II. Iniciación del procedimiento
I. Clases de iniciación de los procedimientos administrativos (art. 54)
II. Información y actuaciones previas (art. 55)
III. Medidas provisionales (art. 56)
1. Medidas provisionales una vez iniciado el procedimiento
2. Medidas provisionales antes de iniciar el procedimiento
3. Límites a la adopción de medidas provisionales
A) Los perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o terceros
B) Límites temporales
IV. Acumulación (art. 57)
V. Iniciación de oficio (art. 58)
1. Introducción
2. Inicio del procedimiento a propia iniciativa (art. 59)
3. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior (art. 60)
4. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos (art. 61)
5. Inicio del procedimiento por denuncia (art. 62)
6. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora (art. 63)
7. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora (art. 64)
8. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 65)
VI. Inicio del procedimiento a solicitud del interesado
1. Solicitudes de iniciación (art. 66)
2. Solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 67)
3. Subsanación y mejora de la solicitud (art. 68)
4. Declaración responsable y comunicación (art. 69)
Capítulo III. Ordenación del procedimiento
I. Expediente administrativo (art. 70)
II. Impulso (art. 71)
III. Concentración de trámites (art. 72)
IV. Cumplimiento de trámites (art. 73)
V. Cuestiones incidentales (art. 74)
Capítulo IV. Instrucción del procedimiento
I. Actos de instrucción (art. 75)
II. Alegaciones (art. 76)
III. Prueba
1. Medios y período de prueba (art. 77)
A) El objeto y medios de prueba
B) La apertura del período de prueba
C) Admisión y rechazo de las pruebas propuestas
D) Discriminación y carga de la prueba
E) Vinculación de los hechos probados en vía judicial
F) Prueba de los documentos formalizados por los agentes de la autoridad
G) Carácter preceptivo del informe cuando se trate de una prueba
H) La inclusión de la valoración de la prueba en la propuesta de resolución
I) La falta de práctica de prueba en vía administrativa.  Posibilidad de practicarla en vía judicial
2. Práctica de la prueba (art. 78)
3. Informes
A) Petición (art. 79)
B) Emisión de informes (art. 80)
C) Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (art. 81)
IV. Participación de los interesados
1. Trámite de audiencia (art. 82)
2. Información pública (art. 83)

Capítulo V. Finalización del procedimiento
I. Terminación (art. 84)
II. Terminación en procedimientos sancionadores (art. 85)
III. Terminación convencional (art. 86)
1. La terminación convencional como forma de finalización de los procedimientos
2. Condiciones para la terminación convencional de los procedimientos
3. Contenido mínimo de los convenios
4. Los convenios y las competencias orgánicas
IV. Resolución
1. Actuaciones complementarias (art. 87)
2. Contenido de la resolución (art. 88)
A) La resolución debe decidir todas las cuestiones planteadas y conexas
B) Principio de congruencia y la reformatio in peius
C) Motivación de la resolución y requisitos formales
D) Prohibición de abstenerse de resolver
E) La motivación de la resolución y la aceptación de informes
F) Notificación y elevación al órgano competente la propuesta de resolución
3. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador (art. 89)
4. Especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores (art. 90)
A) Contenido de la resolución sancionadora
B) Inalterabilidad de los hechos determinados en el curso del procedimiento
C) Firmeza de la resolución, recursos y medidas cautelares
D) Daños o perjuicios causados por la conducta infractora
5. Especialidades de la resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial (arts. 91 y 92)
V. Desistimiento y renuncia
1. Desistimiento por la Administración (art. 93)
2. Desistimiento y renuncia por los interesados (art. 94)
A) Concepto y desistimiento y renuncia
B) Medios y momento de hacer efectiva la renuncia y el desistimiento
C) Límites a la aceptación de la renuncia y el desistimiento
VI. Caducidad: requisitos y efectos (art. 95)
1. Concepto y requisitos de la caducidad
2. Límites y efectos de la caducidad
Capítulo VI. De la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común (art. 96)
Capítulo VII. Ejecución
I. Título (art. 97)
II. Ejecutoriedad (art. 98)
III. Ejecución forzosa (art. 99)
1. Medios de ejecución (art. 100)
2. Apremio sobre el patrimonio (art. 101)
3. Ejecución subsidiaria (art. 102)
4. Multa coercitiva (art. 103)
5. Complusión sobre las personas (art. 104)
6. Prohibición de acciones posesorias (art. 105)

Capítulo I. Revisión de oficio
I. Revisión de disposiciones y actos nulos (art. 106)
1. Revisión de los actos administrativos nulos
2. Revisión de las disposiciones generales
3. Inadmisión a trámite de las solicitudes de los particulares instando la revisión de actos nulos
II. Declaración de lesividad de los actos anulables (art. 107)
III. Suspensión (art. 108)
IV. Revocación de los actos y rectificación de errores (art. 109)
1. Revocación de los actos de gravamen o desfavorables
2. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos
V. Límites de la revisión (art. 110)
1. Límites generales a las facultades de revisión de los actos firmes
2. Facultad de revisión de los actos confirmados por sentencia firme: supremacía del derecho comunitario
VI. Competencia para la revisión de las disposiciones y de actos nulos y anulables en la Administración General del Estado (art. 111)
Capítulo II. Recursos administrativos
I. Objeto y clases (art. 112)
1. Objeto del recurso administrativo
2. Clases de recursos administrativos
II. Fin de la vía administrativa (art. 114)
III. Interposición del recurso (art. 115)
IV. Causas de inadmisión (art. 116)
V. Suspensión de la ejecución (art. 117)
VI. Audiencia de los interesados (art. 118)
VII. Resolución (art. 119)
VIII. Pluralidad de recursos administrativos (art. 120)
IX. Recurso de alzada
1. Actos y resoluciones contra los que procede (art. 121)
2. Plazos (art. 122)
X. Recurso potestativo de reposición
1. Objeto y naturaleza (art. 123)
2. Plazos (art. 124)
XI. Recurso extraordinario de revisión
1. Objeto y plazos (art. 113 y 125)
A) Actos y resoluciones contra los que procede el recurso extraordinario de revisión 634
B) Motivos
C) Órgano competente y plazo para interponerlo
2. Resolución (art. 126)

De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
I. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley (art. 127)
II. Potestad reglamentaria (art. 128)
III. Principios de buena regulación (art. 129)
IV. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación (art. 130)
V. Publicidad de las normas (art. 131)
VI. Planificación normativa (art. 132)
VII. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos (art. 133)