Falacias de la Amnistía
La idea que preside el estudio es muy simple. La amnistía es una institución que tiene cabida en la Constitución,
pero la que actualmente se tramita en relación al procés no encaja en la horma.
En opinión del autor, tanto la justificación que esgrime como la representación que se arroga son falaces.
Lo es desde luego la justificación esgrimida. Ninguno de los argumentos a los que apela goza de sustento mínimamente firme.
Los que tienen credibilidad fáctica -así sucede, por ejemplo, con el de la gobernación o el de la desjudicialización- no tienen fuerza normativa; y viceversa:
los que tienen fuerza normativa -como ocurre señaladamente con el de la reconciliación- carecen de credibilidad empírica.
Esta circunstancia condena la amnistía al fracaso en el juicio constitucional de proporcionalidad.
Falacias de la Amnistía También es falaz la representación arrogada.
La falacia proviene ahora del carácter ficticio o irregular de la mayoría parlamentaria sobre la que se hace descansar.
Nacida con una tara (la vinculación causal de gracia e investidura), el proceso de deliberación a través del cual se acaba
aprobando la medida adolece de falta de autenticidad, de falta de imparcialidad y de falta confiabilidad.
Los vicios en cuestión, a la vez que despojan a la ley de su natural presunción de constitucionalidad, determinan en la
actuación del legislador una sospecha más que fundada de desviación de poder y, por tanto, de arbitrariedad.
La amnistía queda así abocada al fracaso también en el juicio constitucional de razonabilidad.
Las objeciones de falta de proporcionalidad y de falta de razonabilidad o arbitrariedad son analíticamente distintas,
pero se hallan operativamente entrelazadas. El enlace o trenzado las refuerza mutuamente haciendo inevitable, en el
pensamiento del autor, el veredicto de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía en el recurso que a buen seguro se promoverá.
PDF Falacias de la Amnistía
Cándido Paz-Ares
es Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 1977 (Premio Nacional Fin de Carrera). Doctor en Derecho, Università degli Studi di Bologna, 1980 (Summa Cum Laude). Estudios de post-doc en el Instituto Max Plack y la Maximilian Universität, ambos en Munich (1981 y 1982). Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Cantabria (1986) y de la Universidad Autónoma de Madrid (1991), de la que fue Decano (1997-2000). Ha sido Director General de los Registros y del Notariado (1988-1990). Es miembro permanente de la Comisión General de Codificación -el órgano consultivo del Ministerio de Justicia- desde 1992. Es socio del despacho de abogados Uría Menéndez desde 2001.
Tiene una extensa experiencia, académica y profesional, en Derecho mercantil, Derecho de sociedades, Derecho financiero y mercado de valores y ha participado en numerosos proyectos legislativos en España. Es considerado una autoridad también en el campo del Gobierno Corporativo por sus compañeros de profesión, tanto a nivel nacional como internacional. Sus credenciales hablan por sí mismas. Fue miembro del «Comité Olivencia» a quien el Gobierno español encargó la elaboración del Código de Buen Gobierno y posteriormente de la Comisión Aldama, creada para fomentar la seguridad y transparencia en los mercados y sociedades cotizadas. Más tarde formó parte de la Comisión Conthe, constituida por el Gobierno para revisar y actualizar el Código de Buen Gobierno y, finalmente, de la Comisión CNMV encargada de una nueva revisión bajo la Presidencia de Elvira Rodríguez.
Ha publicado diversos libros y numerosos artículos académicos en su campo de especialidad, especialmente en el ámbito del derecho de sociedades y del análisis económico del derecho (law & economics). Los principales directorios jurídicos internacionales (Chambers & Partners, IFLR 1000, Euromoney, etc.) le nombran como un abogado destacado en España
