Acción popular Acción colectiva
La institución de la acción popular, con honda raigambre en nuestra tradición jurídico-procesal ocupa, sin embargo, un lugar residual, la mayoría de las veces como una institución bajo sospecha siempre se exige fianza, cuando al ofendido en ningún caso, además de encontrarse limitada por algunas exigencias técnico-procesales de dudosa constitucionalidad.
Este libro tiene como pretensión esclarecer y remover los obstáculos procesales, con el objetivo de devolver al ciudadano una de las expresiones más participativas en la Administración de Justicia al mismo tiempo que se proponen las medidas necesarias para corregir las disfunciones derivadas de algunos ejercicios abusivos.
Pero también, no podía dejar de abordar la polémica doctrinal instaurada en las Sentencias del caso Botín y Atutxa y las limitaciones incluidas en el Anteproyecto de LECRim. 2020 (ALECRim 2020) en cuanto al objeto (elenco cerrado de delitos que autorizan la acción popular), como a los sujetos (exclusión de los Partidos Políticos).
A su vez, la aparición de la denominada acción colectiva (art. 7.3. LOPJ) obliga a establecer un deslinde entre ésta y la acción popular y, en consecuencia, asignar a cada una su ámbito de operatividad en razón a la defensa de un interés no-interés (acción popular) o de un interés difuso (acción colectiva).
Finalmente, esta obra, de carácter práctico-teórico, tiene también asignada la función de imbricar la acción popular como institución constitucional recogida ex artículo 125 CE en el futuro proceso penal que se avecina a tenor de las instituciones creadas en la Comunidad Europea, optando por un modelo estrictamente acusatorio en el que la dirección de la investigación esté en manos del Fiscal y no como hasta ahora en el Juez instructor que pasaría a convertirse en Juez de las Libertades.
Prólogo. Artículo 125 de la Constitución Española de 1978 15
Reflexiones sobre la 2.ª Edición 21
Libro I.
(De lege data)
1. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y ACCION POPULAR 25
1.1. En el ejercicio de sus derechos e intereses 41
1.1.1. Tipo de interés 42
1.1.2. De las Asociaciones 44
1.1.2.1. Legitimación: personas jurídicas 44
1.1.2.2. Del interés de las Asociaciones 49
1.1.2.2.1. Personas jurídicas privadas 51
1.1.2.2.2. Personas jurídicas públicas 54
1.1.2.2.3. Los Partidos Políticos 56
1.1.2.2.3.1. Jurisprudencia 57
1.1.2.2.3.2. Doctrina 58
1.1.2.2.3.2.1. Propuestas 62
1.1.2.2.3.2.2. Cautelas 63
1.1.2.2.4. La controvertida legitimación de los grupos políticos municipales 64
1.1.2.2.4.1. Doctrina consolidada 64
1.1.2.2.4.2. El aparente cambio de paradigma (Sentencia TS núm. 257/2022, de 17 de marzo) 66
1.2. La condición de ofendido/perjudicado/popular: Materia constitucional/ legalidad ordinaria 67
1.2.1. La doctrina Botín 82
1.2.2. La doctrina Atutxa 92
1.2.3. El cambio de paradigma 95
1.2.4. El tratamiento de los delitos con naturaleza mixta o pluriofensivos 98
1.2.5. No se sale a buscar o, buscados (no se encuentran o), no comparecen 107
1.3. De los intereses difusos 112
1.3.1. Ámbito de los intereses difusos 112
1.3.2. El art. 7.3 LOPJ 113
1.3.3. Acción popular y art. 7.3 LOPJ: Consecuencias de la distinción 116
1.3.4. Desarrollo del art. 7.3 LOPJ 118
1.4. La tercera vía: Las Asociaciones de víctimas y la preceptiva autorización de la víctima para poder ejercer la acusación. 123
1.4.1. El Estatuto de la Víctima y su trasposición procesal 123
1.4.2. La posición procesal de la víctima del delito 126
1.4.2.1. La Tercera Vía 127
1.4.2.2. Posición procesal de las asociaciones en defensa de víctimas o personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas que no cuentan con la autorización de las víctimas. 134
1.4.2.3. Autonomía de la acusación ejercida por la Asociación de víctimas y la acusación popular. 135
1.4.3. Autorización de la víctima del delito 138
1.4.4. Plazo para personarse y responsabilidad civil 140
2. REQUISITOS DE LA ACCION POPULAR 141
2.1. Ciudadano español 141
2.2. Querella 144
2.3. Fianza 147
2.3.1. La constitucionalidad de la fianza en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 149
2.3.2. Proceso iniciado y procesamiento 151
2.3.3. Adecuación y proporcionalidad 157
2.3.4. Impago: capacidad de recurrir 160
2.3.5. Asociaciones 162
2.3.6. Toma de posición 162
3. LÍMITES APARENTES Y REALES 165
3.1. Acción civil 165
3.1.1. La posición jurisprudencial 165
3.1.2. La ley procesal 167
3.1.3. Toma de postura 170
3.2. Costas 177
3.2.1. La vertiente constitucional de las costas 177
3.2.2. De las condiciones u obstáculos necesarios 178
3.2.3. De las condiciones u obstáculos innecesarios 181
3.2.3.1. Del fundamento de la condena en costas a la acusación popular a instancias del acusado absuelto. 181
3.2.3.2. Temeridad (objetiva) y mala fe (subjetiva) 182
3.2.3.3. Requisitos procesales mala fe/temeridad, por todas, la STS 507/2020, de 14 de octubre —Caso Gurtel— 182
3.2.3.4. Los marcadores o criterios negativos que llevan a su apreciación 183
3.2.3.5. Los marcadores dudosos/positivos 184
3.2.3.6. Conclusiones 185
3.2.4. De la disuasión o desaliento 189
3.2.5. Las costas de la acusación popular 191
3.3. Justicia gratuita 199
3.4. Unidad dirección letrada versus pluralidad de acciones 201
3.4.1. Las dificultades interpretativas (ordinaria y constitucional) 201
3.4.2. Las disfunciones derivadas de la aplicación del art. 113 LECrim. 215
3.4.3. Momento procesal de unificación de partes acusatorias ex art. 113 LECrim 217
3.5. Jurisdicción 218
3.5.1. Civil 218
3.5.2. Laboral 222
3.5.3. Contencioso administrativo 227
3.5.3.1. Interés directo/legítimo y acción popular 227
3.5.3.2. Denuncia y acción popular 228
3.5.4. Militar 231
3.5.5. Menores 235
3.5.6. Constitucional 238
3.5.6.1. Recurso de amparo 238
3.5.6.2. Recurso de inconstitucionalidad 240
3.5.6.3 Cuestión de inconstitucionalidad 241
4. EXCEPCIONES 241
4.1. Condiciones procesales de perseguibilidad 242
4.2. Condiciones personales del accionante popular 247
4.2.1. Falta absoluta de legitimación 247
4.2.1.1. El que no goce de la plenitud de los derechos civiles 248
4.2.1.2. El que haya sido condenado dos veces por sentencia firme como reo de delito de denuncia o querella calumniosas. 251
4.2.1.3. El que sea Juez o Magistrado 252
4.3.2. Falta relativa de legitimación 255
Libro II.
(De lege ferenda)
1. RETROSPECTIVA 257
1.1. Valoración 260
1.2. Interpretación: Acción pública y popular 264
1.3. Aplicación 269
2. INTROSPECCION 272
2.1. Participación democrática: El Proceso 272
2.2. Participación y control 280
2.3. En defensa del interés general 283
2.4. Compromiso social 290
3. VALIDEZ 294
3.1. Presupuestos de la reforma 296
3.1.1. Investigación e Instrucción 296
3.1.2. Juez Instructor versus Fiscal investigador 297
3.1.3. Evolución legislativa 302
3.1.4. Modelos acusatorios 304
3.1.5. Acción popular y Fiscal investigador 313
3.2. Disfunciones y correcciones de la acción popular 318
3.3. Los anteproyectos, Propuestas y otros intentos por reformar la acusación popular. 325
Libro III.
(Del anexo jurisprudencial)
I. FUNCIÓN Y CONTINGENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR 333
II. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LA ACCIÓN POPULAR 333
III. TUTELA JUDICIAL: LIBRE ACCESO E INTERDICCIÓN DE INTERPRETACION RESTRICTIVA 334
IV. CONDICIÓN DE PARTE Y ACCIÓN POPULAR 336
V. CONCURRENCIA BAJO LA MISMA DIRECCIÓN LETRADA (art. 113 LECrim) 337
A) Litisconsorcio necesario impropio 337
B) La diferencia constitucional entre la confianza letrado defensor vs letrado acusador 338
C) La necesaria convergencia de intereses y el derecho a un juicio sin dilaciones indebidas 340
D) La triple identidad y la convergencia de intereses 345
VI. TUTELA JUDICIAL: LEGITIMACION ACTIVA LIMITADA 348
VII. LEGITIMACIÓN 350
A) Intereses 350
B) Acusación popular en solitario 351
1. Delitos con ofendido/perjudicado 351
2. Delitos sobre bienes difusos, colectivos o supraindividuales 355
3. Delitos pluriofensivos (difusos/individuales) a propósito del delito contra la hacienda publica 368
VIII. COLECTIVOS 374
A) Interés y legitimación 374
B) El caso de las administraciones publicas 381
C) El caso de los partidos políticos 383
D) El caso de los grupos políticos (municipales/cortes) 385
IX. TERCERA VÍA 388
X. INTERESES DIFUSOS 390
XI. PERSONAS JURÍDICAS: EL TÉRMINO CIUDADANO 392
XII. QUERELLA: NO ES NECESARIA EN PROCESO INICIADO 396
XIII. FIANZA 398
A) Fianza: no es necesaria una vez puesto en marcha el proceso. 400
B) Fianza: no es necesario el previo depósito para impugnarla 404
C) Fianza excesiva 405
XIV. DELITOS PRIVADOS Y SEMIPÚBLICOS 407
XV. RESPONSABILIDAD CIVIL 408
XVI. RESPONSABILIDAD CIVIL COLECTIVOS 411
XVII. COSTAS 412
A) La exclusión de las costas por el ejercicio de la acusación popular 412
B) Principio de rogación 416
C) Mala fe y temeridad procesal 419
D) Imposición de costas y el efecto del desaliento 423
E) Excepción: condena en costas e intereses difusos 424
XVIII. ALCANCE DE LA ACCIÓN POPULAR 428
XIX. RECURSO DE AMPARO Y ACCIÓN POPULAR 428
XX. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ACCIÓN POPULAR 431
XXI. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y ACCIÓN POPULAR 431
XXII. JURISDICCIÓN CIVIL 432
XXIII. JURISDICCIÓN LABORAL 433
XXIV. JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 438
XXV. JURISDICCION MILITAR 443
Bibliografía 451
Director:
Virgilio Latorre Latorre
Autores:
María Teresa Paredes Piris
Efraín Latorre Zafra
