Seguro y administraciones públicas
Las Administraciones públicas, el Estado en todas sus vertientes, público-administrativas, pero también política, aseguran bienes, patrimonio, actividades e indudablemente, sus responsabilidades civiles. El seguro es hoy, inescindible, a la actividad de la Administraciones.
Una actividad presente en múltiples ámbitos y actos de la vida de los administrados, pero también en la prestación de servicios, contratos de obra, gestión, suministro, concesión, etc.
Seguro y administraciones públicas La Administración, como ente dotado de personificación en cualquiera de sus etiologías estructurales y corporativas, responde ante los daños que pueda ocasionar a terceros como consecuencia de su actuación, de sus prestaciones, de la ejecución de los contratos administrativos. Y lo hace objetivamente. Responde de sus actividades riesgosas, del hacer, del actuar de sus funcionarios, de la normalidad o anormalidad en su funcionamiento.
Y tanto el sector privado como el público no son ajenos a un ingente e inconcluso crecimiento y expansión del aseguramiento de la responsabilidad civil, al contrario. Lo que no obsta para ignorar las dificultades que la evaluación de ciertos riesgos, sus frecuencias, intensidades, variabilidades o la ausencia misma de técnicas de gerencia de riesgos en algunos órganos o entes de la Administración hicieran, cuando menos en las primeras pólizas que se suscribieron, que en no pocas ocasiones el seguro se asimilare, en cierto modo, a una suerte de apuesta. Mas la eficacia de la gestión de los riesgos es exigible de igual modo a los entes públicos.
