Curso de derecho administrativo II 2022
Prólogo a la vigésima edición.
Esta vigésima edición del Curso se ha preparado bajo el signo de la pandemia del COVID-19, que ya hizo acto de
presencia en la edición anterior, pero que ahora ha venido a ocupar, en mala hora, un lugar central en nuestro Derecho Público.
El Real Decreto 463/2020,
que declaró el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020, fue sucesivamente prorrogado, lo que prolongó
la situación excepcional hasta el 21 de junio siguiente. Apenas transcurrido el verano, un nuevo Real Decreto,
el 900/2020, de 9 de octubre, volvió a declarar el estado de alarma en Madrid capital y en varios municipios aledaños
para hacer frente al rebote de la enfermedad, declaración que se extendió a todo el territorio nacional por el
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y fue también prorrogada por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre,
aunque esta vez no por quince días, como en las prórrogas precedentes, sino por seis meses, esto es, hasta el 9 de mayo de 2021.
La primera declaración del estado de alarma supuso el confinamiento domiciliario de toda la población española,
lo que el Tribunal Constitucional en una polémica y dividida Sentencia de 14 de julio de 2021 terminó declarando inconstitucional
y nulo. Este mismo desenlace se repitió con la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma que fue declarada
inconstitucional por la Sentencia de 27 de octubre siguiente. A ello hay que unir la Sentencia constitucional de 5 de octubre
de 2021 que anuló los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo y 21 de abril de 2020, que hicieron
cesar temporalmente las iniciativas parlamentarias de diputados del grupo parlamentario de Vox.
Si a esto se une que el Decreto-ley ha desplazado a la Ley y el Poder Ejecutivo al Legislativo, por lo tanto,
como motor de los cambios normativos, tal y como prueban los números sin posible réplica (144 Decreto-leyes por sólo 77 Leyes entre 2016 y 2021),
parece ineludible concluir que la democracia parlamentaria está al borde del colapso y que nuestro sistema corre el riesgo de convertirse en
una dictadura constitucional si no se pone freno de inmediato a esta peligrosa deriva.
Hay que subrayar también que a lo largo de estos últimos dos años el Poder Judicial se ha visto obligado también
inopinadamente a desempeñar un papel, el de administrador, que no es el que le corresponde constitucionalmente.
Así resulta, en efecto, de la atribución al Juez contencioso-administrativo de la competencia para la «autorización o ratificación judicial»
de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias que éstas consideren «urgentes y necesarias para la salud pública»
e impliquen la limitación o restricción de los derechos fundamentales.
La propia estructura superior de la Administración del Estado se ha visto duplicada por el Real Decreto-ley 36/2020,
de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para
la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dar cuenta aquí de estos cambios mayores es rigurosamente imprescindible porque no todos y no siempre pueden
encontrar reflejo en el texto de la obra, que, como es natural, se mantiene fiel a su trayectoria e incorpora,
como es habitual, las novedades legislativas, jurisdiccionales y doctrinales producidas en estos dos últimos años
para mantenerse actualizada y en condiciones de seguir siendo útil a sus naturales destinatarios.
AUTORES
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
