Curso de derecho administrativo I 2022
La 20ª edición del volumen I
de esta obra ha recogido, como es habitual,
las novedades que en el ámbito legislativo y jurisprudencial se han producido
en los casi tres años transcurridos desde la aparición de la edición precedente.
Las novedades legislativas no han sido muchas, ciertamente, pero si ha habido
grandes conflictos a los que el Gobierno y los Tribunales han tenido que dar respuesta
(el procés desencadenado en Cataluña y el estallido de la pandemia del Covid-19).
La jurisprudencia europea ha “presentado en sociedad” un protagonista nuevo,
“el derecho a una buena administración”, que está llamado a abrir una etapa nueva en nuestro
Derecho y en el Derecho Europeo en general, al que esta edición da su bienvenida.
Curso de derecho administrativo I 2022
Esta vigésima edición del Curso se ha preparado bajo el signo de la pandemia del COVID-19, que
ya hizo acto de presencia en la edición anterior, pero que ahora ha venido a ocupar, en mala hora,
un lugar central en nuestro Derecho Público.
El Real Decreto 463/2020, que declaró el primer estado de alarma el 14 de marzo de 2020,
fue sucesivamente prorrogado, lo que prolongó la situación excepcional hasta el 21 de junio siguiente.
Apenas transcurrido el verano, un nuevo Real Decreto, el 900/2020, de 9 de octubre, volvió a declarar el
estado de alarma en Madrid capital y en varios municipios aledaños para hacer frente al rebote de la enfermedad,
declaración que se extendió a todo el territorio nacional por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,
y fue también prorrogada por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, aunque esta vez no por quince días,
como en las prórrogas precedentes, sino por seis meses, esto es, hasta el 9 de mayo de 2021.
La primera declaración del estado de alarma
supuso el confinamiento domiciliario de toda la población española,
lo que el Tribunal Constitucional en una polémica y dividida Sentencia de 14 de julio de 2021 terminó declarando
inconstitucional y nulo. Este mismo desenlace se repitió con la prórroga de seis meses del segundo estado de alarma
que fue declarada inconstitucional por la Sentencia de 27 de octubre siguiente. A ello hay que unir la Sentencia constitucional
de 5 de octubre de 2021 que anuló los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 19 de marzo y 21 de abril de 2020,
que hicieron cesar temporalmente las iniciativas parlamentarias de diputados del grupo parlamentario de Vox.
Si a esto se une que el Decreto-ley ha desplazado a la Ley y el Poder Ejecutivo al Legislativo, por lo tanto, como motor
de los cambios normativos, tal y como prueban los números sin posible réplica (144 Decreto-leyes por sólo 77 Leyes entre 2016 y 2021),
parece ineludible concluir que la democracia parlamentaria está al borde del colapso y que nuestro sistema corre el riesgo de convertirse
en una dictadura constitucional si no se pone freno de inmediato a esta peligrosa deriva.
