Ley de Enjuiciamiento Criminal con Anillas
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (anillas) (LECrim) es la norma que regula el proceso penal en España, desde la investigación hasta la sentencia. Establece cómo se deben desarrollar los procedimientos para garantizar los derechos de todas las partes implicadas. Además, define las funciones de jueces, fiscales, abogados y fuerzas de seguridad durante el proceso penal.
Una de sus principales funciones es asegurar que la investigación respete los derechos fundamentales y se realice de manera objetiva y legal.
«La Ley de Enjuiciamiento Criminal garantiza un proceso penal justo, asegurando los derechos de defensa y la imparcialidad judicial en cada caso.»
El Estatuto de la Víctima del Delito reconoce y protege los derechos de las personas que han sufrido un delito en cualquier fase del proceso. Este texto asegura información clara, protección frente a represalias y apoyo emocional, social y jurídico.
También facilita la participación activa de la víctima, quien puede intervenir, ser escuchada y recibir asesoramiento adecuado desde el principio hasta el final.
«El Estatuto de la Víctima del Delito ofrece protección integral y asistencia personalizada a quienes han sufrido delitos dentro del proceso penal.»
Por otro lado, la Ley del Jurado regula la participación ciudadana en la Administración de Justicia, permitiendo que personas no profesionales decidan sobre determinados delitos graves.
El jurado está compuesto por ciudadanos que, tras recibir instrucciones judiciales, valoran las pruebas y emiten un veredicto de culpabilidad o inocencia.
«La Ley del Jurado fomenta la implicación directa de los ciudadanos en juicios penales para decidir sobre delitos de gran gravedad.»
En conjunto, estas tres leyes buscan asegurar un proceso penal equilibrado, protegiendo a víctimas, garantizando derechos y promoviendo la participación social.