Anuario derecho administrativo sancionador 2024
El Derecho Administrativo Sancionador tiene una importancia fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Las diversas Administraciones Publicas (europea, estatal, autonómica y local) ejercen su potestad sancionadora sobre todos los sectores de nuestra realidad social y económica. En su aplicación se suscitan múltiples cuestiones jurídicas que precisan de análisis y estudios jurídicos como el que se pretende abordar con carácter anual en esta obra.
Alejandro Huergo Lora (Director) es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo.
El «Anuario de Derecho Administrativo sancionador 2024» ofrece:
- Un estudio de la actualidad en materia de derecho administrativo sancionador.
- Análisis de la potestad sancionadora en diversos sectores y administraciones.
- Estudios anuales sobre las principales cuestiones jurídicas.
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo.
Alejandro Huergo Lora (Gijón, 1971), se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo en 1993 con Premio Extraordinario, recibiendo además los premios Olga Menéndez y Miguel Traviesas.
Tras obtener la beca del Real Colegio de España en Bolonia, se doctoró en la Universidad de Bolonia en 1995 con la máxima calificación. Ha realizado varias estancias de investigación en la Universidad de Munich, incluyendo una de dos años (1997-1999), con becas de la Fundación La Caixa, el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y la Comisión Europea. En su momento fue el primer jurista español en obtener una beca postdoctoral “Marie Curie”. También fue becado por las fundaciones MAPFRE y Cajamadrid para la realización de distintos trabajos de investigación.
Desde 2010 es Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo, donde dirige el grupo de investigación “Derecho Administrativo”, que ha obtenido numerosos proyectos de investigación en convocatorias públicas y ha realizado publicaciones conjuntas como el reciente número monográfico de la revista El Cronista sobre las Leyes 39 y 40/2015 (número 63, 2016).
