Auto de procedimiento abreviado y sus consecuencias en el proceso penal
Estudio completo de una de las instituciones clave del proceso abreviado.
Partiendo de su concepción original se examina su evolución, con base en la doctrina del tribunal Constitucional y la reforma legislativa del año 2002,
y, a continuación, se analiza cuál es su concepción actual como institución que delimita el objeto del proceso.
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Expone la finalidad y su relación con el atestado policial
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Expone la doctrina del tribunal constitucional.
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Incluye examen de minucioso de los elementos que forman parte de esta resolución judicial.
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El estudio se completa con el análisis de las denominadas “diligencias complementarias”
Destinado a abogados y procuradores y letrados de la Administración de Justicia.
Extracto:
La obra que el lector tiene en sus manos presenta un estudio completo de una institución fundamental en la determinación de los elementos del objeto del proceso abreviado para determinados delitos, el auto de procedimiento abreviado, que dicta el órgano judicial encargado de la fase de instrucción al finalizar las diligencias previas.
El trabajo comienza exponiendo cuál era para el legislador su finalidad originaria y su relación con el atestado policial, para después exponer la doctrina del tribunal constitucional y las consecuencias que tuvo para su concepción posterior.
Y todo ello poniéndolo en relación con otra institución tan importante en el proceso ordinario por delitos graves como es el auto de procesamiento. A continuación, se analizan las modificaciones legislativas que introdujo la reforma procesal penal de 2002 y su aplicación por los tribunales.
Para ello se realiza un examen minucioso de cada uno de los elementos que forman parte de esta resolución judicial.
El estudio se completa con el análisis de las denominadas “diligencias complementarias” y la incidencia que pueden tener en el desarrollo posterior del proceso. Para finalizar, y antes de las conclusiones, el autor avanza cuál puede ser la concepción que en un futuro pueda tener la institución analizada sobre la base del Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020.
