Derecho procesal I 2025. Jurisdicción, acción y proceso
Derecho Procesal I 2025. Jurisdicción, acción y proceso» aborda los pilares fundamentales del derecho procesal, analizando conceptos clave que estructuran la función jurisdiccional del Estado.
La jurisdicción es la función estatal que permite resolver conflictos mediante procesos judiciales,
ejerciendo autoridad y garantizando el acceso efectivo a la justicia como derecho humano fundamental.
Se define la acción como el derecho de los individuos para solicitar la intervención jurisdiccional, impulsando la
resolución de conflictos conforme a los procedimientos legales establecidos.
El proceso es un conjunto de actos jurídicos ordenados y secuenciales, desarrollados para resolver disputas, siempre respetando principios de imparcialidad, legalidad y debido proceso.
El objeto de la jurisdicción es asegurar la paz social mediante decisiones judiciales definitivas, garantizando derechos individuales y estableciendo obligaciones en un marco legal determinado.
La acción y la jurisdicción son conceptos relacionados, pues el ejercicio de la acción inicia la función jurisdiccional, permitiendo la tutela efectiva de los derechos vulnerados.
Se estudian los principios procesales, entre ellos la oralidad, publicidad, inmediación y concentración, garantizando un proceso eficiente y transparente, evitando dilaciones innecesarias en los juicios.
El proceso jurisdiccional asegura un equilibrio entre partes, protegiendo el derecho de defensa y el principio de igualdad procesal como pilares del Estado de Derecho.
El libro destaca la necesidad de innovaciones tecnológicas para optimizar procesos judiciales, reduciendo tiempos, costos y promoviendo la digitalización de documentos en el ámbito procesal.
Los límites de la jurisdicción son analizados, considerando cuestiones de competencia territorial, material y funcional, delimitando así el poder de los órganos jurisdiccionales en cada caso.
En conclusión, la obra subraya que la jurisdicción, acción y proceso conforman la trilogía esencial del derecho procesal, fundamentando el acceso equitativo a la justicia.
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