Rey calumnias e injurias. La libertad de expresión y la protección del símbolo constitucional
La libertad de expresión, garantizada en el artículo 20 de la Constitución española en todas sus dimensiones, constituye la piedra angular de los regímenes democráticos. Aceptada esta idea de forma pacífica, el consenso desaparece en la delimitación de su contenido esencial y en la determinación de sus límites. En este contexto, el debate sobre la justificación constitucional de los denominados «delitos de expresión» ha ido cobrando cada vez más fuerza.
El establecimiento de límites penales a los derechos de los ciudadanos a opinar, crear o informar libremente, debe pasar necesariamente por el filtro del principio de proporcionalidad. Ante los numerosos intentos por parte de la doctrina y el legislador por derogar los delitos de calumnias e injurias contra la Corona, resulta preciso hacer una reflexión en clave constitucional sobre la cuestión.
El artículo 56.1 de nuestra Constitución proclama que «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia». El símbolo constitucional actúa como instrumento integrador dispuesto en nuestro ordenamiento para aglutinar las diferentes realidades que conforman el Estado español. Esta perspectiva lleva a que el Rey —quien encarna a la Corona— deba ser considerado como la «persona institucional para la unidad». Se trata del mecanismo catalizador que permite, incluso en los tiempos más convulsos, identificar los valores y principios que proclama nuestra Constitución.
Esta función constitucional queda legitimada al definirse la monarquía parlamentaria española como un poder neutral y apolítico. Bajo esta perspectiva, se analiza si su protección penal deviene necesaria para la defensa de las libertades y derechos que encuentran representación en el símbolo; o si, por el contrario, la consecuente limitación de la libertad de expresión supone un sacrificio desproporcionado e incompatible con nuestra democracia.
AUTORA: IRENE RUFO RUBIO
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