Analiza la integridad como principio de la contratación pública y estudia los mecanismos que prevé el ordenamiento jurídico para garantizar su respeto a través de la transparencia, la buena gestión, la prevención de los conflictos de intereses y el control y rendición de cuentas.
- Análisis detallado de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado y de las leyes de transparencia.
- Estudio de nuevos mecanismos para la prevención de los conflictos de intereses en la contratación pública
- Examen de las aportaciones de la contratación abierta para garantizar la integridad en la contratación pública
Destinado a abogados administrativistas, administraciones públicas, municipios y provincias y empresas contratistas con las AA.PP
La integridad persigue garantizar la coherencia y la rectitud de la actuación de los cargos y empleados públicos con los valores, principios y normas que guían su actividad y la orientación a las finalidades institucionales evitando cualquier influencia indebida de intereses personales en las decisiones públicas que suponga una desviación del interés general. La integridad se ha consolidado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como un principio de la contratación pública que debe inspirar la adjudicación y ejecución de todos los contratos a fin de evitar la mala administración, los conflictos de intereses y la corrupción. La integridad se fomenta y se garantiza en la contratación pública a través de diferentes mecanismos agrupables alrededor de cuatro ejes: la transparencia, la buena gestión, la prevención de malas conductas y los conflictos de intereses y el control y la rendición de cuentas.
En el libro se lleva a cabo un completo y detallado examen de los mecanismos a disposición de los órganos de contratación para promover y afianzar la integridad en la contratación pública. A partir del análisis de las previsiones de la Ley 9/2017 y de las normas de transparencia, se valora críticamente su eficacia proponiendo nuevos mecanismos para que las administraciones públicas puedan fomentar la integridad en la contratación pública y responder a las nuevas demandas sociales.
